El asunto arranca en 2007 cuando Panero “olvidó” registrar la constitución del grupo del PP en el Ayuntamiento de Boadilla tras las elecciones. El error les impedía disfrutar de las subvenciones municipales propias de cada grupo, pero siguieron cobrando de ellas hasta la constitución en firme del grupo en el año 2010. La oposición de Alternativa por Boadilla (APB) denunció el caso ante los tribunales que le dieron la razón en dos ocasiones consecutivas.
Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado el último recurso del ayuntamiento de Boadilla y condena a Panero y a sus 15 concejales a devolver los 2.000 euros anuales de subvenciones que han cobrado durante tres años, lo que hace un total de 80.000 más los intereses.
Entre los 16 afectados, se encuentran seis concejales que el PP recolocó en otros municipios madrileños del noroeste como Las Rozas, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Getafe, Pozuelo de Alarcón y la diputada regional Mirian Villares. El resto abandonó la política por iniciativa propia salvo el ex alcalde Panero expulsado por el PP tras su imputación en la trama Gúrtel.