En la fábrica de Alcorisa el letrero “Defabar” está descolorido. Dentro no quedan medicamentos pero si todos los equipos de montaje y su dueño. Gabriel García Gavin, que, arruinado, se esconde en el que fuera su “imperio” farmaceútico, espera el juicio, imputado por fraude, blanqueo, tráfico y un delito contra la salud pública. Es el cerebro de una trama que operaba desde 2012 y que compraba medicamentos fabricados en India y China, para el cáncer o para tratar enfermedades cardíacas graves. Medicamentos ilegales que no pasaban controles ni tenían autorizaciones sanitarias.
Los inyectables de heparina pasaban horas en un aeropuerto indio a 45 grados, sin las mínimas garantías de conservación. Para cuando llegaban a destino ya no era eficaces. Es lo mínimo que podía ocurrir porque lo máximo es que estas sustancias no controladas ponían en peligro las vidas de los enfermos a los que iban destinadas. Por su adulteración, o simplemente porque los principios activos no estaban mezclados con las dosis recomendables para garantizar su eficacia. Imaginen a un enfermo de leucemia que toma una medicación que no le hace nada o una persona que necesita anticoagulante o lo contrario, o que sufre un infarto y necesita medicación para el corazón.
El teniente Santiago de la sección de Consumo y Medio Ambiente de la UCO nos explica el procedimiento: el empresario farmaceútico (empezó con una tienda en Santander y con una licencia para distribuir medicamentos) era consciente de que los medicamentos falsos no podían pisar suelo europeo. Lo que hacía es importarlos a granel de la India y de China para empaquetarlos en sus fábricas españolas y darles apariencia legal, cartonaje de marca España. Las autoridades sanitarias españolas no fiscalizaban el producto porque en teoría sólo pasaba por puertos españoles con otros destinos. Y ya se ocupaba la red de no exportar a países europeos o EE.UU, por ejemplo.
Sus clientes eran países pobres o donde la legislación es más laxa o ni existe, como el Congo, Líbano, Arabia Saudí, Guatemala o Panamá. De hecho la Guardia Civil ha tenido que advertir a todos esos países donde las autoridades autorizaron la compra de los medicamentos de Defabar y Raga (en Teruel) y Logihealth (en Sevilla). Casi todos pararon la actividad comercial con la banda de traficantes de sustancias ilegales, excepto Irán y Arabia Saudí.
Para que el tráfico funcionara tuvo que haber un negocio paralelo en esos países, “alguien tuvo que llevarse dinero”. La Fiscalía está analizando todo la documentación que se ha incautado en los registros, varios teras. El acusado había recibido subvenciones del Gobierno de Aragón presuntamente para medicamentos experimentales en España, la única actividad que pudo tener Defabar en la legalidad.
La investigación comenzó cuando un laboratorio iraní alertó a la Agencia Española del Medicamento de una remesa de medicamentos que había pagado y no le habían servido. Defabar estaba casi en quiebra por mala gestión y al mismo tiempo la Oficina de Investigación Criminal de la Food&Drugs Administration de EE.UU tiró del hilo al descubrir la implicación de un laboratorio de Mumbay (India) con Defabar en el tráfico ilegal hacia Sudamérica pasando por una distribuidora norteamericana.
Así se llegó a descubrir la cadena de empresas españoles cuyos propietarios engañaban y jugaban con la vida de los enfermos pobres. Por el tiempo que Gabriel García estuvo al frente de la gran estafa se deduce que no le tembó el pulso al poner en peligro a enfermos de esos países pobres.