"La situación financiera de las eléctricas es mala y lógicamente temen embarcarse en nuevas inversiones como las que Garoña necesita. Pero es una mala noticia. Significa que las empresas punteras españolas del ramo renuncian a nuevas inversiones si no hay una nueva política energética", ha valorado en declaraciones a Europa Press.
Así, ha recordado que en 2011, "si bien sólo el 4 por ciento de la energía instalada era de origen nuclear, la producida finalmente fue del 14 por ciento". A su juicio, perder esa fuente energética empeorará la competitividad económica, además del significado económico de fondo que supondrá el parón de la inversión.
En este sentido, Martínez Gorriarán cree que Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, quiere una seguridad jurídica y una previsibilidad de las decisiones de política energética que no encuentra en este Gobierno del PP.
"Es cierto que hay razones para temer cualquier arbitrariedad en este terreno: fue otro Gobierno del PP el que comenzó en 2002 la tremenda pifia del déficit tarifario, profundizado luego por los gobiernos de Zapatero", ha agregado.
Por ello, critica que en el Gobierno actual no se aprecia una política energética "clara, transparente y previsible" a medio plazo. "Así que me parece comprensible que Nuclenor pida garantías y si no las obtiene renuncie a pedir la prórroga de explotación", ha concluido.