Uno de los promotores de la recogida de firmas, el sindicalista Luis Puig, señaló en declaraciones a Efe que hoy comenzó a desmoronarse "la esperanza de los promotores de la impunidad" en Uruguay.
Una cadena humana, en la que participaron cientos de ciudadanos anónimos, representantes sindicales y miembros del oficialista Frente Amplio (FA), fue la encargada de trasladar las firmas en mano hasta el Palacio Legislativo, donde fueron recibidas por el vicepresidente de la Asamblea General, el senador José Mujica.
Mujica, precandidato del FA a las elecciones de octubre próximo, ha sido uno de los paladines de la campaña para anular la ley que puso fin, antes de su inicio, a los juicios contra militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura.
Ahora las firmas deberán ser verificadas por la Corte Electoral, y, si todo se cumple tal y como está previsto, se abrirán así las puertas para que los ciudadanos anulen la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en las urnas en 1989.
De comprobarse las firmas presentadas, el plebiscito por la anulación se celebraría el próximo 25 de octubre, en coincidencia con las elecciones presidenciales.
La Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, compuesta por sindicalistas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y partidos políticos de izquierda, inició la recogida de firmas para la anulación a finales del año pasado.
El objetivo era reunir más del 10 por ciento del padrón electoral (unas 255.000 firmas) exigido por la ley para convocar un plebiscito.
Según los precursores de esta iniciativa, en 1989 los uruguayos votaron por mantener la norma (ratificada entonces por el 60 por ciento de los sufragios) por miedo a las amenazas de los militares de retomar el poder si no se mantenía.
"Ahora los uruguayos anularán esta ley con votos de todos los ciudadanos profundamente democráticos que no tienen nada que ver con la dictadura. Esta es una gesta de todos los enemigos de la impunidad", afirmó Puig a Efe.
La llegada al poder en 2005 de Tabaré Vázquez, socialista y primer mandatario de izquierda en la historia del país, facilitó la acción de la justicia en casos amparados por la Ley de Caducidad, si bien el presidente se mantuvo firme en su promesa preelectoral de no anular la norma pese a contar con mayoría en el Parlamento.
Esta situación ha generado mucha polémica, incluso en el seno del Frente Amplio, avivada por el clima de campaña electoral que vive el país por la proximidad de los comicios internos de los partidos (en junio) para elegir a su candidato a las presidenciales del 25 de octubre.
Precisamente, el presidente Vázquez señaló ayer desde Costa Rica que "el pueblo uruguayo no se merece" una ley de impunidad y expresó su deseo "ferviente" de que "el pueblo" la anule.
El presidente reiteró hoy esta postura al apuntar que Uruguay "nunca más" tendrá una dictadura ni sufrirá violaciones a los derechos humanos.
"Los uruguayos estamos recuperando la memoria y la verdad, imponiendo la justicia y la reparación a las víctimas de la dictadura militar", señaló en San José, donde se encuentra de visita oficial.
Por su parte, grupos de militares, ex policías y familiares de víctimas de la guerrilla de los tupamaros acusan al Gobierno de "persecución" y de fomentar el odio con su interpretación de la Ley de Caducidad.
Para este colectivo, la revisión de la Ley de Caducidad supone un acto de "revancha" que pretende lograr la venganza "política judicial de los que fueron militarmente derrotados", afirmó en un reciente acto público el ex comandante en jefe del Ejército, Raúl Mermot.