Así, el precio medio del consumo de agua incluido tanto el abastecimiento como el saneamiento (para un consumo de 10m3 con contador individual de 13 l/m2) asciende a 17,52 euros, aunque el precio del agua en Valladolid es de 10,82 euros, frente a los 29,35 euros que pagan los murcianos.
Las diez ciudades que menos pagan por el agua son, tras Valladolid, Zaragoza (11,31 euros); Salamanca (12,49 euros); Pamplona (13,36 euros), Logroño (13,62 euros); Castellón (13,85 euros); Málaga (14,09 euros) y Madrid (15,74 euros).
En cuanto a las más caras, por detrás de Murcia aparecen Barcelona (23,49 euros); Cádiz (22,98 euros); Huelva (22,39 euros); Alicante (21,98 euros); Palma de Mallorca (21,92 euros); Sevilla (20,85 euros); Valencia (20,224 euros); Almería (19,45 euros) y Córdoba (19,38 euros).
Para FACUA no se puede justificar que una misma suministradora cobre importes distintos por calibre de contador de 13 y 15 mm instalados en la vivienda cuando no existan diferencias.
Así, las diferencias en el precio del agua presentan variaciones que alcanzan los 453,60 euros al año para una vivienda con un consumo de 10 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 15mm. Los precios comparados incluyen los cánones y recargos que se aplican en muchas ciudades pero no cuentan las tarifas por alquiler y mantenimiento de contadores ni el IVA.
Respecto al año anterior, el incremento del precio es del 0,4 por ciento para contadores de 13 milímetros de diámetro, mientras que para los contadores de 15 milímetros la subida es del 0,5 por ciento.
Para un consumo de 10 m3 con un contador de 15 mm, los precios más caros mensuales son los que se abonan en Alicante, con un importe de 48,62 euros, donde menos del 1% de la población tienen instalados contadores de 15mm, Murcia 29,35 euros y Huelva (24,24 euros), en los tres casos gestionadas por empresas mixtas.
Este mismo consumo con un contador de 13 mm supone un gasto medio de 17,52 euros, mientras que si se utiliza un contador de 15 mm, la media asciende a 18,92 euros (sin incluir el IVA y sin tener en cuenta el coste por alquiler o mantenimiento de contadores).
El estudio señala que, respecto al año 2014, diez de las 28 ciudades analizadas no han tenido variaciones de tarifa. Estas son: La Coruña, Bilbao, Cuenca, Murcia, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y Zaragoza. Mientras, las mayores subidas se han producido en Alicante, Barcelona y Jaén.
En este sentido, FACUA recuerda que los incrementos de tarifa no solo pueden obedecer a los incrementos aprobados por las empresas suministradoras de agua, a los aumentos de los cánones o a la aparición de otros nuevos de municipios, provincias o comunidades autónomas.
Para la organización de consumidores, el concepto de ahorro o despilfarro no puede desvincularse del número de residentes de la vivienda, por lo que cree que se debe avanzar en la facturación por habitante y en la aplicación de tarifas progresivas donde se penalice el consumo excesivo.
En la actualidad, sólo Málaga y Sevilla disponen de tarifas vinculadas al número de personas que residen en la vivienda. Sin embargo, hay algunas ciudades que a partir de cuatro miembros o más en el núcleo familiar aplica tarifas distintas, como La Coruña y Barcelona.
En otros diecisiete municipios se tiene en cuenta si los titulares del suministro en las viviendas donde residen más de tres personas conforman una familia o vivienda numerosa con el fin de aplicarles tarifas más reducidas.
MEJORAS NECESARIAS
FACUA reivindica que se incluya en la estructura tarifaria tarifas de carácter social que tengan en consideración colectivos desfavorecidos y que se articulen medidas para evitar la privación de un suministro esencial y básico a aquellas familias que les resulte imposible hacer frente a su pago y recuerda que el agua ha sido declarado derecho humano por la ONU.
En concreto, exige que se apliquen tarifas progresivas facturadas en función del número de habitantes del inmueble y que se penalicen los consumos excesivos. Del mismo modo, recuerda que en las tarifas debe considerarse que el agua es un Derecho Humano y que se debe regular para que no se produzcan cortes de suministro a familias vulnerables así como que se establezcan mínimos vitales.
Al mismo tiempo ve necesario que ayuntamientos y entidades gestoras den participación a las asociaciones de consumidores a la hora de diseñar las tarifas y aprobarlas, al tiempo que sigue demandando una norma marco que regule aspectos básicos del servicio; estructuras tarifarias, procedimientos de aprobación, condiciones del servicio, reclamaciones, contratación y participación.
Asimismo, esta normativa debería abarcar las indemnizaciones por deficiencias de la calidad de los servicios que se pueden percibir en caso de cortes del suministro por motivos que no respondan a fuerza mayor o acciones de terceros o la periodicidad de lectura de los contadores y facturación.
FACUA considera que también deben quedar recogidos en un marco legal las condiciones de presión y caudal mínimas exigibles por los usuarios, los procedimientos que garanticen la suspensión o la baja en el suministro y los sistemas para la resolución de las reclamaciones.
Finalmente, reivindica la obligación de que las empresas que prestan este servicio cuenten con teléfonos gratuitos y oficinas para la atención a los usuarios, y que estén adheridas a procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos como el Sistema Arbitral de Consumo.