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Más de 2.000 menores han llegado solos a Ceuta durante los últimos días. En la playa del Tarajal han sido atendidos por voluntarios de la Cruz Roja y después trasladados a una nave en el polígono industrial. Allí han recibido una primera asistencia. Ahora están siendo derivados al albergue de Piniers, erigido con barracones provisionales y gestionado por la Delegación del Gobierno. Se espera que permanezcan el menor tiempo posible.
Muchos han decidido regresar a sus casas voluntariamente, al ver las duras condiciones en las que se encuentran. A otros les han reclamado sus padres a los dos lados de la frontera. Los que se queden en territorio español tendrán que recorrer un largo periplo para poder regularizar su situación.
Los centros de protección de la ciudad autónoma están saturados. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido ayuda al resto de las regiones para acoger a unos 200 menores que ya están integrados en la red sanitaria y educativa.
Madrid, la Comunidad Valenciana, Euskadi, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares mostrado su predisposición para recibirlos mientras que Andalucía lo rechazó alegando que ya tiene a otros 3.000 tutelados, aunque finalmente acogerá a 13 niños.
Estos niños han salido de sus casas solos o en grupos de amigos, algunos proceden de pueblos muy alejados. Han llegado andando o en autocares desde Tánger o Casablanca. Muchos sin que lo supieran sus padres. Al llegar al espigón del Tarajal, les indicaron que debían caminar por las piedras pegados a la valla o saltar al mar para alcanzar la otra orilla. Casi ninguno sabe nadar.
Voluntarios de la Cruz Roja les han recibido con la ropa mojada, exhaustos, hambrientos y desorientados. Siempre les ofrecen una bolsa con un chándal, mantas, zapatillas, un neceser con un kit de higiene y otro de alimentación, que contiene galletas, barritas energéticas, agua y zumos.
Después han sido trasladados a una nave industrial, donde el equipo sanitario les ha hecho un reconocimiento médico: toma de temperatura y entrega de un documento escrito en árabe, francés e inglés en el preguntan si tienen síntomas de covid o si han estado en contacto estrecho con algún positivo, con el objetivo de evitar posibles contagios.
Además les hacen un triaje para detectar su nivel de vulnerabilidad. Los voluntarios les observan, tienen una entrevista personal con cada uno de ellos y a los que están en una situación más delicada les atienden con prioridad.
Deben comprobar si tienen familia en España o pueden ser víctimas de trata de seres humanos. Incluso a los que llegan acompañados de algún adulto, para confirmar su parentesco, en caso de no tener documentación que lo acredite.
Tanto el equipo técnico como los voluntarios de la Cruz Roja que han intervenido en primera línea se encuentran ahora en shock. Han tenido que atender a miles de personas, también muchas madres con sus hijos. Van a necesitar terapia después de esta catástrofe, aseguran. Continúan en alerta por si tuvieran que acudir a alguna llegada y prestando asistencia humanitaria cuando les requieren.
Todos los inmigrantes que acceden a territorio español deben ser identificados por agentes de Extranjería de la Policía Nacional. Al hacerlo de forma irregular se pone en marcha un procedimiento de expulsión. Los niños no pueden ser repatriados si no se cumplen con todas las garantías jurídicas y las condiciones de seguridad necesarias. Deben pasar a disposición de la Fiscalía de Menores y seguir unos protocolos concretos.
Al estar indocumentados quedan en situación de desamparo, expuestos a la marginalidad, la delincuencia o la explotación sexual. Por eso se hace una filiación y sus datos se guardan en un Registro de Menores no Acompañados, que se convierte en un instrumento eficaz para su identificación y para la adopción de las medidas de protección que pueda necesitar.
En este registro figura el nombre y apellidos del niño, los de sus progenitores, lugar de nacimiento, nacionalidad, lugar de última residencia en el país de procedencia, la impresión decadactilar, una fotografía, centro de acogida al que vaya a ser inicialmente trasladado, el organismo público bajo cuya protección se halle y otros datos de relevancia que puedan facilitar la escolarización del menor.
Además deben someterse a una prueba oseométrica en un hospital para determinar su edad real. Este procedimiento suele alargarse demasiado en el tiempo, ya que requiere intercambio de información y coordinación entre el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las instituciones sanitarias, los servicios sociales y las subdelegaciones de Gobierno.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 trabaja para agilizar los trámites en el caso de los menores que quieren regresar a Marruecos o que han sido reclamados por sus progenitores.
"Es importante entender que estamos ante niños mucho más pequeños de lo habitual. Muchos de ellos no sabían las consecuencias que tenía pasar la frontera y nos estamos encontrando con que muchos quieren volver a sus casas", señalaba Ione Belarra, tras la reunión de urgencia mantenida con las comunidades. Otros también tienen familiares en España o en países de la Unión Europea y solicitan la reagrupación familiar.
Aquellos menores de los que no pueden hacerse cargo sus padres son trasladados a centros de primera acogida, tutelados por las comunidades. Allí permanecen entre uno y tres meses, mientras se elabora un primer informe explicando su situación.
En estos centros comienza el proceso de regularización, con el empadronamiento y la obtención de la tarjeta sanitaria. Son de régimen abierto, por lo que pueden entrar o salir cuando quieran.
Los educadores sociales les enseñan a tener unas rutinas y hábitos de vida: horarios, limpieza de las habitaciones, pautas de alimentación saludables y las normas establecidas. Suelen tener clases de español, deporte y actividades en el exterior. Pero algunos adolescentes están muy traumatizados por lo que han vivido, tienen familias desestructuradas, han sufrido malos tratos, pobreza, violencia o presentan problemas de drogadicción.
Después son derivados a hogares de la red pública o privados, con un proyecto educativo individualizado, dependiendo de su edad y de sus capacidades. Solo unos pocos acaban siendo acogidos por otras familias en España.
El proyecto se va revisando cada seis meses aproximadamente. Incluye todos los aspectos: recursos a los que irán destinados (formativos o de inserción laboral), próximos objetivos, si necesita reforzar el idioma o alguna terapia psicólógica.
El reparto por comunidades se hará de la siguiente manera: el 25% de las plazas se distribuirán en función de la población, otro 25% por la situación económica, un 12'5% por la economía de cada región, un 12'5% según la tasa de paro y el otro 50% por el impacto en acogida en cada región. Ceuta, Melilla y Canarias no están incluidos.
La Comunidad de Madrid ha señalado que recibirá a 20 niños de los centros de acogida de Ceuta. A Baleares llegarán 11. En Castilla y León serán 18, en la Comunidad Valenciana 13, en Murcia 7, los mismos que en Cantabria, Extremadura recibirá a 11 menores y Euskadi a 8.
Los educadores sociales se preguntan: "¿qué vamos a hacer con tantos niños?". Los grupos de chat están que arden. Llegan con muchos problemas y acaban de pasar por un proceso traumático, a lo que se suman las propias dificultades de integración por las diferencias culturales.
Internet y las redes sociales también les influyen. Generan un efecto llamada, capaz de movilizarles aunque después no se adaptan fácilmente. Los presupuestos con los que cuentan en estos centros son escasos y no hay proyectos específicos para trabajar con ellos.
Los centros están desbordados. Temen que se repitan las imágenes de finales de 2018, cuando en el centro madrileño de Hortaleza por ejemplo, había 134 niños y su capacidad es para 45. Algunos dormían en colchones en el suelo y en los baños.