El diputado del PNV Emilio Olabarria ha preguntado al ministro si su departamento está negociando "en secreto" con Nuclenor --la empresa titular de la central burgalesa, participada al 50% por Iberdrola y Endesa-- la reapertura de la centra de Santa María de Garoña, en particular si se están abordando posibles "beneficios fiscales", dado que fue la tributación sobre residuos nucleares los que provocaron "la clausura por desestimiento empresarial" de la planta burgalesa.
"Me gustaría saber si están negociando sólo con esta empresa y no con las demás, porque eso vulneraría incluso aspectos constitucionales", ha advertido, inquiriendo además si en esas posibles conversaciones se están tratando también "aspectos vinculados a la seguridad de una central" que, a su juicio, es "insegura e incluso eventualmente peligrosa en este momento".
Además, Olabarria ha reprochado la posibilidad de reactivar la actividad en Garoña cuando "no resuelve ningún problema energético en España dada su irrelevante aportación de energía a las necesidades del Estado" y además la "antigüedad de la planta, que es de la época de Chernobil, plantea problemas de seguridad y medioambientales".
EL PAÍS "NO LA NECESITA"
También la portavoz de Energía de la Izquierda Plural, Laia Ortiz, ha pedido información al ministro sobre la posibilidad de reapertura de Garoña, una "central insegura" que el país "no necesita". "(Si se abre) se demostrará que el Gobierno no está al servicio del interés general sino de las prebendas a algunos particulares", ha zanjado.
Sin embargo, el ministro no ha hecho alusión a estas consideraciones y preguntas durante ninguna de sus intervenciones. No obstante, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, anunció el pasado martes la inminente aprobación de un decreto que permitirá a la central volver a producir energía.
La central nuclear de Santa María de Garoña se encuentra en situación de cese definitivo de la actividad o de predesmantelamiento desde el 7 de julio de 2013, una vez expiró su licencia de operación. Sin embargo, la planta no produce electricidad desde el 28 de diciembre de 2012, cuando a raíz de la inminente entrada en vigor de un nuevo impuesto al combustible nuclear, el titular decidió dejar de operar al considerar que le supondría un coste adicional de unos 152 millones de euros, algo que consideraba "inasumible".