Yolanda Díaz se compromete el Primero de Mayo a abordar la reforma del despido

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido este Primero de Mayo a cumplir con la legalidad y abordar una reforma del despido en España, un tema que los sindicatos han llevado ante Bruselas. Mientras, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado a la "máquina del fango" y a quienes quieren deslegitimar a los gobiernos progresistas a que respeten el resultado de las urnas.

Las ministras han hecho estas declaraciones antes del comienzo de la manifestación del Día del Trabajador celebrado en Madrid con presencia de muchos ministros del Gobierno.

Yolanda Díaz ha incidido también en que se va a reducir la jornada con el fin de "trabajar menos para vivir mejor". "Las mujeres dicen no me da la vida", ha denunciado la ministra de Trabajo, que ha reivindicado la necesidad de tener tiempo "para disfrutar, para reflexionar, para cuidar la salud mental".

El papel de los sindicatos

Díaz también ha subrayado que se seguirán subiendo los salarios y ha defendido el papel de los sindicatos.

"La democracia son los sindicatos", ha clamado Díaz, que asiste a estas manifestaciones como ministra desde el primer año que asumió la cartera de Trabajo.

"El Gobierno de España está aquí para ganar derechos", ha concluido Díaz.

Por su parte, María Jesús Montero ha asegurado que los ciudadanos que hoy han salido a la calle lo han hecho para "defender la democracia" porque "no vamos a permitir que nos arrebaten la capacidad transformadora de la mayoría social de un país".

Montero ha instado a desenmascarar a quienes a través "del insulto, de la difamación, de la mentira y del bulo" intentan deslegitimar a los gobiernos progresistas. A su juicio, la "máquina del fango" intenta que no se hable de los problemas de los ciudadanos.

Montero defiende la legalidad de las urnas

"Hay que respetar el resultado de las urnas. Y cuando las urnas dicen que queremos un gobierno progresista, todo el mundo tiene que respetar ese Gobierno que surge de la voluntad del pueblo", ha enfatizado Montero antes de expresar la necesidad de "humanizar la política".

A su modo de ver, la oposición no puede tener como proyecto "la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno", porque "detrás de cada uno de los actores sociales hay personas con nombres y apellidos que ponen lo mejor de sí mismo al servicio de la causa colectiva".

Esa es, en su opinión, la dimensión que hay que dar a la política. "Basta ya de deslegitimar las instituciones cuando a uno no le gusta el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Parlamento y todo aquello que está expresando la voluntad popular y que algunos quieren negar a toda costa", ha agregado.

Y detrás de todo ello, de ese ataque a la democracia, "se esconde la falta de un proyecto político por parte de la oposición", que "solo hace del insulto su manera de dirigirse al conjunto de los ciudadanos".

Pablo Bustinduy reclama mejoras para los trabajadores de residencias

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha urgido a mejorar los salarios de los trabajadores de residencias y de atención a domicilio, ya que cobran entre un 40 y un 60 por ciento menos que el salario medio en España.

Bustinduy ha querido poner el foco en la situación laboral del personal que trabaja con personas mayores, dependientes y con discapacidad.

"La mayoría de profesionales del sector son mujeres, más del 80 por ciento, y se encuentran en una situación salarial preocupante", ha subrayado el ministro al citar datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, salen este Primero de Mayo a la calle para pedir al Gobierno que continúe afrontando reformas, pero también para defender la democracia y la legitimidad de las instituciones de las campañas de acoso que sufren "los elegidos por el pueblo a través de las elecciones".

Los sindicatos reclaman modificar las causas y costes del despido para que se ajusten a los criterios de la Carta Social Europea Revisada, un tema que han llevado ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.

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