El Tribunal Supremo pide un segundo suplicatorio para poder imputar a Alvise por delitos de financiación irregular
El Tribunal Supremo ha pedido un segundo suplicatorio para poder imputar a Alvise por delitos de financiación irregular
Alvise Pérez admite que recibió 100.000 euros de un empresario, pero niega que fueran para financiar su partido: fueron por "una charla"
El juez del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar ha acordado solicitar al Parlamento Europeo el suplicatorio de suspensión de la inmunidad que tiene el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, para poder investigarle por delito electoral y supuesta financiación irregular de su campaña a las elecciones europeas con el partido que preside, ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF).
Con esta petición, es el segundo suplicatorio que ha sido elevado a la Eurocámara para que Alvise pueda ser juzgado por las cuatro causas que tiene abiertas en el Supremo, entre las que se encuentra el delito de acoso del que habría sido víctima la discal delegada contra delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert. El pasado domingo, el eurodiputado presentó un acto en Vista Alegre, Madrid, anunciando que pretende concurrir a las próximas elecciones generales como líder de su partido, partiendo de un programa cuya base es la deportación masiva de inmigrantes irregulares, la creación de una cárcel como la de El Salvador o un referéndum para decidir si España sigue perteneciendo a la Unión Europea o no.
El juez del Supremo que ha solicitado este segundo suplicatorio, ha explicado que los hechos que se investigan tienen que ver con una denuncia del empresario Álvaro Romillo, ‘CriptoSpain’. Alvise habría solicitado a este un dinero para financiar su partido de manera oculta. No consta ninguna documentación en ello y tampoco en su contabilidad, según informa 'EFE'.
Los mensajes encontrados en el teléfono de Romillo
A cambio de 100.000 euros el empresario le pidió influencias y contactos que el diputado del parlamento europeo dispondría en su agenda. Unos mensajes del teléfono de Romillo habrían servido como cebo para iniciar esta investigación por parte de la Audiencia Nacional que ya estudia una posible estafa piramidal a través de su plataforma ‘Madeira Investment’.
Sobre este cobro de dinero, Alvise declaró en julio frente al instructor y de manera voluntaria, que esa cantidad de dinero lo recibió por una conferencia que dio en el hipódromo de Madrid. Así mismo, también negó que hubiese utilizado los 100.000 euros para financiar su partido, porque aseguró que solo la campaña le costó poco más de 30.000 euros.
Sin embargo, la prueba pericial del teléfono del empresario que entregó el dinero revela todo lo contrario. Por tanto, el magistrado considera que los hechos son objeto de investigación por lo que su carácter ilegal hace que tengan que ser considerados como delitos de financiación ilegal de partidos políticos y delito electoral. Hasta que el Parlamento Europeo no resuelva la solicitud del juez, Alvise seguirá teniendo esa inmunidad por lo que no podrá ser procesado penalmente.
