El acuerdo para prorrogar los ERTE hasta finales de febrero, pendiente del sí de la CEOE

El Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han alcanzado esta tarde un principio de acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, un mes más de lo que estaba previsto inicialmente, según han informado fuentes del diálogo social a Europa Press.

Este principio de acuerdo se anunció al filo de las 20.00 horas, aunque la CEOE no lo daba entonces por cerrado porque estaba pendiente de la celebración de su Comité Ejecutivo, convocado para esta misma noche, y de cerrar un acuerdo con el Ministerio de Inclusión para extender las prestaciones para autónomos afectados por la pandemia, lo que también se ha conseguido 'in extremis'.

Finalmente, el Comité Ejecutivo de la patronal ha dado su visto bueno tanto al preacuerdo de los ERTE como al de la prórroga de las prestaciones para autónomos, según han confirmado fuentes empresariales a Europa Press. Está previsto que ambos acuerdos se lleven al Consejo de Ministros de mañana para su aprobación.

Desde el Gobierno se ha destacado en un comunicado que es el sexto acuerdo que alcanza con los agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia.

En el marco del acuerdo de los ERTE, Gobierno y agentes sociales han acordado mantener durante el mes de octubre las condiciones vigentes actualmente, de forma que los actuales ERTE se prorrogarán un mes más. A partir de entonces, del 1 de noviembre de 2021 al 28 de febrero de 2022, entrará en vigor un nuevo esquema en el que las exoneraciones de mayor cuantía estarán ligadas a que las empresas den formación a los trabajadores suspendidos de empleo.

En concreto, según fuentes sindicales, las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 80% de exoneración en sus pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE y un 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

En el caso de optar por acciones formativas, las empresas tendrán que dedicar 30 horas de formación si tienen entre 10 y 49 trabajadores y 40 horas si cuentan con plantillas superiores, según UGT, que ha indicado que las actividades formativas se vinculan con un aumento del crédito que se utiliza para financiar la formación programada recogida en ley del sistema de formación profesional para el empleo.

Este crédito se obtiene a partir de las aportaciones de empresas y trabajadores a la Seguridad Social con el objetivo de que inviertan en la formación profesional de sus empleados.

El Gobierno ha precisado que estas acciones formativas deberán realizarse antes del 30 de junio de 2022.

Durante el mes de octubre las empresas que quieran continuar aplicando ERTE en los meses posteriores tendrán que cursar una nueva solicitud de ERTE, que se regirá por el nuevo esquema en vigor desde el 1 de noviembre. Si no reciben respuesta de la autoridad laboral en el plazo establecido, el silencio administrativo se aplicará con carácter positivo.

Gobierno y agentes sociales han acordado además mejoras en el cuadro de derechos laborales de los trabajadores en ERTE, según han adelantado UGT y CCOO. Así, el llamado 'contador a cero' se extiende hasta el 31 de diciembre de 2022, de forma que el tiempo consumido de desempleo por el trabajador que esté en ERTE desde septiembre de 2020 no computará cuando se produzca un despido por cualquier causa después del 1 de enero de 2023.

También se establece una prestación extraordinaria por desempleo para las personas con contratos fijos-discontinuos; se garantiza el 'contador a cero' para este colectivo, que antes no estaba garantizado, y se mantiene en el 70% de la base reguladora el importe de la prestación a recibir por los trabajadores en ERTE durante toda la vigencia de la prórroga.

Asimismo, se mantienen las condiciones de acceso a la prestación, aunque no se tenga el tiempo cotizado requerido, así como el compromiso de mantenimiento del empleo; la prohibición de despedir; la interrupción del computo en contratos temporales; la prohibición de realización de horas extras; el impedimento de realizar contrataciones nuevas en empresas que están aplicando ERTE, y la imposibilidad de externalizar actividad mientras se disfrutan de los beneficios de los ERTE.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado su satisfacción por este principio de acuerdo que "mantiene y mejora los derechos para los trabajadores". "Estamos satisfechos de renovar la herramienta, la palanca que ha servido para que en España no se destruyeran puestos de trabajo", ha agregado.

La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha comentado que el sindicato valora "muy positivamente el preacuerdo" alcanzado este lunes y ha agradecido "el esfuerzo del Gobierno para atender a las reivindicaciones" del sindicato.

"El resultado es un acuerdo que mejora de forma importante las condiciones de las personas trabajadoras que se encuentran en ERTE (...). Para CCOO, este acuerdo supone que una vez más los agentes sociales hemos demostrado nuestro esfuerzo y voluntad para llegar a un acuerdo que proteja el empleo y los derechos laborales", ha añadido.

El Gobierno también ha pactado con los interlocutores sociales la puesta en marcha de unos ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias.

Según lo acordado, los trabajadores tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso de limitación de la actividad.

Al mismo tiempo, el Gobierno ha acordado con las organizaciones de autónomos un prestación extraordinaria de cuatro meses de duración para los autónomos de La Palma afectados por la erupción del volcán.

También este lunes y nuevo casi sobre la bocina, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha acordado prorrogar las prestaciones para los autónomos afectados por la crisis derivada del Covid.

El acuerdo, según han anunciado los presidentes de ATA y UPTA, Lorenzo Amor y Eduardo Abad, respectivamente, en sus cuentas de Twitter mantiene la prestación extraordinaria de cese de actividad para los autónomos hasta el 31 de enero de 2021.

En el caso de la prestación extraordinaria, se exigirá una caída de la facturación del 75 % comparando el último trimestre de 2019 con el último trimestre de 2021 y el límite de ingresos se subirá hasta el 75% del salario mínimo inteprofesional actual.

Se mantienen además exoneraciones graduales para aquellos autónomos que venían disfrutando de algunas de las prestaciones hasta septiembre, que irán del 90% en el primer mes al 25% en el cuarto mes, mientras que la prestación ordinaria se mantiene como hasta ahora.

Desde UPTA, Eduardo Abad, ha mostrado su sastifacción por el acuerdo, ya que "prácticamente ningún autónomo que necesite seguir enganchado al sistema va a quedar exento de esta ayuda". "Creemos que es un muy buen acuerdo", ha señalado.