El presidente de Iberdrola: "El principal beneficiario de los altos precios de la electricidad es la Hacienda Pública"

La reciente modificación en la factura de la luz así como sus precios, –por supuesto al alza–, continúa desatando la indignación entre los ciudadanos, que ven cómo en este mes de junio se alcanzan máximos que se comparan a los de Filomena, la histórica nevada que envolvió a España en un manto blanco en enero; algo que sin duda da que pensar. La escalada de precios, –en plena pandemia y cuando la población apenas está intentando dar los primeros pasos hacia una todavía incierta recuperación en medio de la relajación de las medidas de restricción–, parece incomprensible habida cuenta de la tremenda crisis que nos ha golpeado.

Según Facua, el recibo de este mes de junio será el segundo más caro pagado nunca. Haciendo números, el precio de la luz hoy es de casi 95 euros megavatio/hora (MWh). De acuerdo a la organización de consumidores, en el último año el recibo de la luz ha subido 28 euros, pasando de 60 euros en junio de 2020 a 88 euros este mes. Estas cifras suponen un incremento de nada más y nada menos que el 45%.

En este contexto, y ante la lógica indignación en las calles, el Gobierno apunta que no descarta volver a suspender algunos impuestos que gravan la factura de la luz; máxime cuando la nueva tarificación por horas se suponía diseñada para una bajada del recibo.

Concretamente, la ministra Transición Ecológica, Teresa Ribera ha deslizado la posibilidad de "suspender alguno de los elementos fiscales de forma excepcional".

"No es descartable que ante una situación tensa, como la actual, haya que volver a hacer lo que ya hicimos en su momento", ha dicho, refiriéndose a la reforma hecha en 2018, cuando ante otra escalada de precios suspendió durante seis meses el impuesto a la generación eléctrica del 7 %.

De este modo, el Gobierno buscaría facilitar a los consumidores hacer frente a una factura que, señalan, se ha encarecido, esencialmente, por el incremento de los costes de los combustibles fósiles, de los que, señala Ribera, hay que ir deshaciéndose.

Mientras tanto, desde las eléctricas lo que hoy resuenan son las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, quien ha cargado contra el Gobierno y se ha limitado a afirmar que “el principal beneficiario” de los elevadísimos precios de la electricidad, con escenario como el actual, con un elevado precio del CO2, es “la Hacienda Pública”.

En su discurso en la junta general de accionistas de la compañía, ha señalado que las arcas públicas reciben, no solo "unos cuantiosos" impuestos proporcionales al precio de la energía, sino también los ingresos por la venta de derechos de CO2, que este año podrían alcanzar los 2.500 millones de euros.

Así, ha aprovechado también para volver a rechazar el anteproyecto de ley del Gobierno que pretende recortar los ingresos de las eléctricas por el denominado 'dividendo de CO2', señalando que, a su juicio, "introduce cargas injustificadas sobre tecnologías no emisoras", y ha manifestado su confianza en que "sea reconducido a lo largo de su tramitación para buscar soluciones que garanticen la coherencia plena entre la política energética que apueste por la descarbonización y un marco normativo y regulatorio estable y fiable".

A este respecto, Galán ha señalado que, como han avalado en sus alegaciones al anteproyecto de ley distintos agentes, organismos, analistas y agencias de rating, es "imprescindible" un marco regulatorio que "preserve la seguridad jurídica y la confianza legítima de los inversores".

Por eso, se ha mostrado dispuesto al diálogo, aunque ha recalcado su compromiso "con la defensa" de los intereses de sus accionistas y del resto de sus "grupos de interés".

El Gobierno, en este sentido, y por su parte, ha dejado claro que la rentabilidad de estas compañías "está muy por encima de la de otros negocios a costa de los consumidores domésticos e industriales". Por eso, defienden el recorte de unos 1.000 millones de euros que el Gobierno pretende aplicar a las eléctricas en la sobrerretribución de la nuclear y la hidráulica.

El objetivo del anteproyecto de ley acordado el pasado martes para aplicar un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear) es que "los consumidores no estén pagando unos dividendos que van directamente a sus cuentas de resultados", en palabras de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ante los elevadísimos precios de la electricidad, como mejor medida para actuar sobre ello Galán ha abogado por hacerlo a través de los "impuestos, cargas y tasas que se le imponen y que en buena medida pagan los ciudadanos".

Por esta razón, ve "positivamente" las recientes declaraciones del Gobierno respecto a una posible reducción de los impuestos de la luz, "que ya suponen cerca del 60% de la factura que pagan los usuarios", según señala.

En este sentido, fuentes del sector señalan que el Estado es el principal beneficiado, –y nótese que solo dicen “el principal”…– con los actuales precios de la electricidad, con una recaudación estimada en 2021 de unos 9.000 millones de euros, unos 2.700 millones más que en 2020, por medio de cargas impositivas como un mayor IVA, el impuesto a la producción del 7%, el mayor importe de las subastas de derechos de CO2, el impuesto eléctrico (5%) o el incremento de otras cargas.

Los grandes perjudicados de esos altos precios de la electricidad consideran que pasan así por ser los 11 millones de clientes (que representan el 10% de la energía) que tienen factura fijada por Ley (PVPC) ligada a la variabilidad de precios horarios, y los más de 1.000 productores y comercializadores de electricidad que venden el 90% de la energía consumida a precio fijo en mercado libre, pero con mayores impuestos.