Ignacio de la Riva, abogado especializado en casos de corrupción y malversación: "Se están despenalizando hechos muy graves"

El Congreso ya tiene las propuestas de ERC, PSOE y Unidas Podemos para la reforma del delito de malversación. La hoja de ruta del partido del Gobierno y de sus socios de coalición quiere introducir un nuevo tipo en el Código Penal que castigue al de enriquecimiento ilícito de aquellos cargos públicos que vean aumentado su patrimonio en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo. Por parte de los republicanos, lo que piden es modificar el delito de malversación -por el que fueron condenados los líderes del "procés"- para diferenciar entre quienes se hayan apropiado de fondos públicos en beneficio propio o de terceros y quienes no.

Para conocer más en detalle el alcance de estas propuestas, Informativos Telecinco ha entrevistado al abogado Ignacio de la Riva, con gran experiencia en asuntos de esta naturaleza como es el caso de la alcaldesa de Móstoles, acusada de condonar dos millones de euros a una empresa particular.

Pregunta.- ¿Por qué es tan polémica esta reforma del delito de malversación?

Respuesta.- Para entender la gravedad de esta reforma habría que aclarad dos conceptos básicos. El primero es deshacer la confusión entre las personas que cometen malversación de los políticos que se llevan dinero. Cuando los cargos electos se llevan dinero no estamos hablando de malversación (que también podría serlo), sino de cohecho. Este ya se castiga con penas de prisión muy altas a políticos o funcionarios que se llevan un dinero de quien sea por hacer su trabajo, por hacerlo mal o por no hacerlo de la malversación.

Por el contrario, el delito de malversación lo que protege es el desempeño correcto que tiene una persona que administra un patrimonio que no es suyo. Y es el mismo por el que se remite en el código penal a la administración desleal de empresas. Da igual si un señor que administra la empresa, lo hace en perjuicio de esta o en beneficio de un tercero. Él no tiene por qué beneficiarse.

P.- Entonces, ¿qué es lo que buscan las reformas propuestas para el delito de malversación?

R.- La propuesta que realizan los partidos que sustentan al el Gobierno y la presentada por ERC, en la práctica, lo que hacen es despenalizar hechos muy graves como cuando un político le perdona deudas a un tercero, con Hacienda o cuando un político le adjudica a dedo un contrato a una empresa para que ese empresa se beneficie. Estos son supuestos típicos de malversación que, si sigue adelante la reforma del Gobierno, lo que va a suceder es que, estos delitos, van a quedar sin castigo. Y lo más grave, va a afectar no solo al caso de los ERE con el señor Griñán, sino a muchos otros procedimientos en curso, como por ejemplo un caso que llevamos nosotros como es el juicio a la alcaldesa de Móstoles acusada de condonar casi dos millones de euros a una empresa particular.

P.- De salir adelante estas propuesta, ¿estaríamos dando un paso atrás en el castigo del delito de malversación?

R.- Sí, sin duda alguna es un paso atrás. Sobre todo por que está gravemente en contra de lo que dicen todos los organismos internacionales de lucha contra la corrupción, desde la ONU hasta la OCDE. La ONU en la convención contra la corrupción del año 2005, lo que dice es que no entra en la pena que aplican los países, sino que, ningún caso, la responsabilidad penal por esos hecho puede ser inferior a la que se aplica cuando se administra un patrimonio privado. Es decir, que no se puede penar menos estas irregularidades con patrimonios privados que cuando se administra deslealmente un patrimonio público. Y esto es por sentido común ya que tiene que tener mayor protección el patrimonio de todos los españoles.

P.- ¿Es creíble que la reforma no beneficie a casos como el de los ERE?

R.- Los partidos pueden decir lo que quieran, pero la verdad es que hay un principio general en el derecho Internacional por el que hay que aplicar al reo la norma más favorable, aunque sea posterior a la fecha de las sentencia. Así que, sí va a beneficiar a todas aquellas personas por lo mismo que ha pasado con la Ley de 'solo sí es sí' que dijeron que no ocurriría y está ocurriendo. Es el mismo supuesto.