Torra, sobre la orden de la Junta Electoral: "Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal"
Declara que la Junta Electoral no era competente para ordenarle retirar los lazos
Acusado de presunta desobediencia al mantener el lazo amarillo
La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación y Vox, dos años
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha declarado en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por mantener el lazo amarillo en la Generalitat.
A preguntas de su abogado sobre si incumplió la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar lazos, Torra ha respondido: "Sí, la desobedecí. Era imposible cumplir una orden ilegal".
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En su declaración, Torra ha defendido que cumplió su deber como presidente de la Generalitat de defender "los derechos y libertades de los ciudadanos".
Según el presidente, la Junta Electoral Central (JEC) "no es un órgano superior jerárquico" a él y no tenía competencia para ordenarle retirar de la Generalitat los lazos y otros símbolos.
Torra está siendo juzgado al haber mantenido en el Palau y en edificios públicos de la Generalitat 'estelades' y la pancarta 'Libertad presos políticos' con un lazo amarillo, en el periodo electoral de las generales del 28 de abril de 2019, pese a la orden de la JEC de retirarlo.
El president se ha dirigido a los juzgados a pie y lo ha hecho acompañado por su esposa, varios de sus consejeros y una marea humana.
El presidente ya aseguró que no será "inhabilitado" por el juicio, en una entrevista en el diario 'Ara', en la que añadió que tiene una fe enorme en su defensa. Además, en un 'Dinar groc' en Bescanó (Girona) afirmó que no se defenderá de nada en el juicio, sino que irá a "acusar al Estado de vulnerar" sus derechos y los de todos los ciudadanos.
La causa parte de un recurso de Cs ante la JEC para exigir la retirada de los símbolos el 7 de marzo, lo que derivó en la incoación de un procedimiento que acabó en un acuerdo el 11 de marzo que exigía a Torra retirar los lazos en 48 horas.
El TSJC envió a Torra a juicio al considerar que los lazos y 'estelades' son propios de unos partidos políticos y ajenos a otros que se oponen a ellos, de forma que, según reiterados acuerdos de la JEC refrendados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "se consideran partidistas, por lo que no pueden ser exhibidos por las Administraciones y por los poderes públicos durante los periodos electorales, sin infringir gravemente su deber de objetividad y de neutralidad".
La JEC ordenó a Torra retirar los símbolos el 11 de marzo, pero Torra presentó poco antes de vencer el plazo una reconsideración, que fue denegada por otro Acuerdo, de 18 de marzo 2019, por el que la JEC ordenó personalmente a Torra retirar los símbolos en 24 horas, según el auto de apertura de juicio oral.
Entonces Torra, sin cumplir con este mandato, presentó el 19 marzo un escrito solicitando su suspensión y una aclaración, "arguyendo una pretendida dificultad para su cumplimiento y advirtiendo que esperaba un informe al Síndic de Greuges sobre algunos aspectos comprometidos en la retirada de los símbolos".
Fue una “decisión personal”
El tribunal tiene en cuenta unas declaraciones de la entonces portavoz del Govern, Elsa Artadi, que, en rueda de prensa el 19 de marzo tras el Consell Executiu, informó de la decisión personal de Torra de mantener la pancarta con un lazo amarillo y el lema de 'Llibertat presos polítics' que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, y de una nota de prensa en el mismo sentido del día 20.
El 21 de marzo Torra dispuso presuntamente que la pancarta con el lazo amarillo "fuera completamente cubierta" por otra del mismo tamaño y formato junto a un lema similar --'Llibertat presos polítics i exiliats'--, pero en la que el lazo amarillo había sido sustituido por un lazo del mismo color blanco que el del fondo de la pancarta, cruzado por un grueso trazo de color rojo, según el escrito.
En su escrito, el juez relata cómo Torra no retiró los símbolos durante aquellos días pese a dos acuerdos de la JEC en que lo ordenaba, de 11 y 18 de marzo, y que no fue hasta el día 22 que fueron retirados tras ordenarse a los Mossos d'Esquadra que procedieran a hacerlo.
La Fiscalía Superior de Cataluña pide condenarle a una inhabilitación de un año y ocho meses por un presunto delito de desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) y multarle con 30.000 euros.
La acusación popular ejercida por Vox solicita para el presidente una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años, que incluye su inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno o de cualquier otro cargo público de ámbito local, autonómico o estatal.