El plan del Gobierno para evitar el espanto y el caos en las residencias

El Gobierno ha dado un paso más en el control dentro de las residencias de personas mayores después de que el Ejército encontrara a varias personas fallecidas abandonadas en sus habitacionespersonas fallecidashabitaciones, según ha denunciado Margarita Robles, ministra de Defensa. Las residencias, entre otras cuestiones, tendrán que avisar a las autoridades si tienen problemas para la conservación o retirada de cadáveres, según la orden publicada este martes en el BOE.

Un empleado público asumirá el mando de los centros en los que haya personas enfermas por coronavirus (Covid-19), contagiadas o que hayan estado en estrecho contacto con el virus, según señala la nueva disposición de Sanidad. Las comunidades autónomas podrán mover residentes (reubicar), modificar la capacidad (u organización) o convertir el “espacio para el uso sanitario”, con independencia de su carácter público o privado.

El titular de los centros deberá garantizar información “veraz y ajustada al sistema de información vigente” a las autoridades sobre las “características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del mismo” (recursos materiales -y humanos- y número de residentes). El responsable del centro deberá avisar de manera inmediata a la comunidad autónoma y la delegación del Gobierno si no se cumplen las pautas aprobadas el pasado sábado en cuanto al confinamiento y a los cuidados, si tienen problemas para la conservación y retirada de cadáveres, además de indicar cualquier otra situación que ponga en peligro a los residentes.

Los centros, también residencias de personas con discapacidad, deberán mantener su actividad. No pueden cerrar, reducir servicios o suspender contratos laborales, salvo que la “autoridad competente” de la comunidad autónoma determine que –por las circunstancias- su funcionamiento no es imprescindible.

Las multas por incumplir las prohibiciones establecidas se estiman entre 600 y 30 000 euros (incluidas en la Ley de Seguridad Ciudadana). La norma establece como sanción grave la desobedencia –resistencia- a la autoridad. Se aplicará cárcel de uno a cuatro años en las infracciones que sí se consideren delito (según el Código Penal para el atentado contra la autoridad/desobediencia). Si una autoridad pública incumple las normas, puede ser cesado.

Sanidad ha establecido la "clausura de las zonas comunes de las residencias", entre otras medidas incluidas en una 'Guía de prevención y control frente al COVID19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial', actualizada este martes 24 de marzo.

"Como medida excepcional ante la situación actual, se clausurarán las zonas comunes de la residencia para disminuir al máximo la interacción entre los residentes", subraya la orden. Esta medida, según se especifica en la guía, durará hasta que una nueva evaluación del riesgo haga reconsiderar esta recomendación.

En todo caso, deja abierta la posibilidad de plantear como alternativa "la organización de turnos para acceder a las zonas comunes que permitan mantener una distancia de seguridad entre los residentes de 2 metros y con una limpieza oportuna entre un residente y el siguiente". También contempla la excepción para casos de personas deambulantes o errantes, con trastorno neurocognitivo. Para ellos, las residencias deberán procurar "zonas que permitan suficiente separación" y que "deberán ser desinfectadas con especial intensidad y frecuencia".

Sanidad, en el escenario actual, señala que se deben suspender todas las visitas a los centros sociosanitarios así como todas las salidas de la residencia. Según indica la guía, las residencias deberán contactar mediante mensajes o circulares, y colocarán carteles a la entrada, "indicando a los visitantes y familiares que no deben acudir a estos centros a no ser que sea imprescindible y en ningún caso si presentan cualquier síntoma respiratorio o fiebre". También deberán poner a la entrada de los centros, pasillos y zonas comunes, carteles informativos sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

Los centros sociosanitarios deben disponer de planes de contingencia ante la eventual aparición de casos y brotes de COVID-19, con un análisis detallado de las infraestructuras del centro, de las características de los residentes, de los recursos humanos disponibles, de los equipos de protección individual disponibles y una estimación de las necesidades en un escenario de aumento acusado del número de casos, y de la posibilidad de garantizar la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes. Asimismo, se pide que se establezca un plan de continuidad de la actividad ante posibles bajas del personal como consecuencia de la epidemia.

El ministerio también precisa que "se debe considerar la realización del test diagnóstico en personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, en personas que residan en el centro sociosanitario y a los trabajadores en contacto con los residentes". En caso de detectar un caso positivo, señala que "se deberá designar en el centro un área diferenciada para residentes con y sin infección con el objetivo de disminuir el riesgo de que se genere un brote en la residencia y hacer el estudio y seguimiento de sus contactos estrechos".