Las medidas sociales de los Presupuestos Generales del Estado: del ingreso mínimo al cheque para madres

Trabajadores y familias se beneficiarán de los presupuestos con mayor gasto social de la historia. Sube a 600 euros el IPREM, el índice de referencia con el que se calculan las ayudas sociales. También se incrementará el Ingreso Mínimo Vital y los pensionistas no perderán poder adquisitivo. En las cuentas también se incluye una ayuda de 100 euros para madres con hijos menores de 3 años. Esta ayuda se limitaba hasta ahora a las madres trabajadoras. Los socios de Gobierno se comprometen a tramitar de urgencia la ley de familia con avances como un nuevo permiso parental de ocho semanas y que las familias monoparentales con dos hijos se consideren familias numerosas.  Habrá mejora en la prestación por desempleo. A partir del séptimo mes volverá a ser del 60% de la base del salario. Medida de la que se beneficiarán unas 300.000 personas. 

Los presupuestos refuerzan con 600 millones de euros la dependencia con el objetivo de reducir las listas de espera. Medidas que van de la mano del plan fiscal que ya presentó el Gobierno, con subidas de impuestos para las grandes fortunas. Estas son las medidas más significativas:

Un permiso de ocho semanas para los padres trabajadores hasta que el niño cumpla 8 años es una de la novedades recogidas en la negociación de los presupuestos generales del Estado de 2023 entre PSOE y Unidas Podemos, que se incluirá en la futura ley de familias.

Se ampliará la renta crianza de 100 euros al mes para hijos de entre 0 y 3 años -que hasta ahora disfrutaban las madres trabajadoras- avanzando hacia la universalización, como pedía Unidas Podemos, aunque todavía con ciertos requisitos.

Dicha renta crianza se extenderá a las personas con hijos menores de 3 años que estén o hayan estado en la Seguridad Social o mutualidad durante 30 días o hayan recibido una prestación (contributiva o asistencial) del sistema de protección del desempleo. La cuantía será de 100 euros por cada hijo menor de 3 años hasta que alcance dicha edad.

La ley también considerará como familias numerosas a las monomarentales con dos hijos.

El acuerdo de presupuestos incluye, tal y como reclamaba Belarra, un permiso de siete días al año para que cada trabajador pueda cuidar de familiares o convivientes. Servirá, por ejemplo, para que esos trabajadores puedan quedarse en casa para cuidar de sus hijos, de una persona mayor o acompañar al médico a su pareja, explican las fuentes. 

La recuperación del 60 % de la base reguladora de la prestación por desempleo desde los 6 meses beneficiará a unas 300.000 personas con una mejora de la prestación de 100 euros más de media al mes. Según ha avanzado este martes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, esta medida, incluida en los presupuestos generales del Estado de 2023, recupera la protección "tras el fatídico recorte" de la reforma laboral del PP en 2012. En esa reforma, se aprobó una reducción de la prestación por desempleo a partir del sexto mes del 60 % al 50 % de la base reguladora. "Es una importantísima medida", ha añadido Pérez Rey durante la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de septiembre.

El Gobierno extenderá a todo el año próximo la gratuidad del transporte de Cercanías y Media Distancia puesta en marcha el pasado septiembre, según anunció este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La medida se plasmará en los próximos Presupuestos mediante un aumento de 700 millones en la partida para el Ministerio de Transportes, que irá destinada a Renfe para esa prórroga de la gratuidad ferroviaria.

Las cuentas también refuerzan con 600 millones el plan de choque en dependencia. Según la ministra de Trabajo, este plan reducirá las listas de espera.

A partir de 2023 los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV) verán aumentada la cuantía de su prestación si encuentran un empleo o mejoran sus ingresos laborales, una medida con la que el Gobierno pretende que a los beneficiarios de esta ayuda les compense trabajar siempre. La ley del ingreso mínimo vital ya prevé la compatibilidad de la prestación con el trabajo remunerado, si bien este martes se ha dado un paso más con la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto que regula el incentivo al empleo dentro del IMV, un mecanismo que el año próximo podría beneficiar a alrededor de 100.000 hogares de los 500.000 que cobran el IMV actualmente.

Se trata del primer incentivo al empleo ligado a una prestación social en España, según han destacado fuentes del Ministerio de Inclusión, que calculan que cada euro invertido por la Administración en este incentivo tendrá un retorno en recaudación de entre 1 y 3,5 euros.

El objetivo último es impulsar el tránsito desde una situación de exclusión a una participación plena en la sociedad, de manera que un aumento de las rentas del trabajo no implique una disminución de la cuantía del IMV como ocurre en la actualidad, porque desincentiva que se acepte un empleo.

El mecanismo se ha graduado de forma que el incentivo sea más alto para quienes salgan de una situación de desempleo, para los hogares con menores, para los monoparentales y para las familias que conviven con personas con discapacidad, ya que se ha constatado que en estos casos son necesarias cuantías mayores para estimular que se trabaje.

Al principio el incentivo es mayor y conforme se va incrementando el salario se modera su crecimiento, hasta desparecer cuando se alcanza el 170 % de la renta garantizada para cada tipo de hogar, lo que en el caso de una persona adulta que vive sola serían unos 10.030 euros anuales, mientras que para una familia monoparental con un menor serían 18.252 euros al año.

Esto implica que cuando se tienen ingresos laborales equivalentes al 100 % de la renta garantizada se deja de cobrar el IMV pero todavía se puede seguir percibiendo el incentivo, hasta que se llegue a unos ingresos del 170 % de la renta garantizada por ley.

El incentivo aprobado hoy no es una prestación independiente del IMV, sino que es un añadido que no hay que solicitar, ya que se activará de oficio si se producen cambios en los ingresos del trabajo: bien porque se haya encontrado un empleo o porque se hayan mejorado las condiciones.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisa la situación de los perceptores del IMV cada año a partir del mes abril, cuando se empieza a disponer de los datos fiscales del ejercicio anterior, de manera que los primeros beneficiarios del incentivo lo cobrarán a mediados del año que viene.

Desde 2023 todo lo que se gane hasta alcanzar el 60 % de la renta garantizada se sumará al IMV como incentivo, pero a partir del 60 % se añadirá solo un porcentaje de la diferencia. Ese porcentaje será del 30 % si no se trabajaba y del 20 % si ya se contaba con un empleo, y subirá al 35 y al 25 %, respectivamente, para familias con hijos y al 40 y 35 % para hogares monoparentales.

En el caso de una persona adulta que vive sola y que recibe la renta garantizada de 5.899,60 euros anuales, el contar con ingresos laborales por valor de 1.000 euros le supondría en la actualidad una disminución de la cuantía del IMV hasta 4.899,60 euros. Con la nueva regulación, esos 1.000 euros se sumarían como incentivo, con lo que se seguirían cobrando 5.899,60 euros (4.899,60 del IMV más 1.000 del incentivo), elevando la renta disponible del beneficiario a 6.899,60 euros al año.

Si la misma persona pasara de no tener ingresos a obtener una retribución de 4.500 euros, el IMV se quedaría en 1.399,60 euros anuales, pero podría sumar un incentivo de 3.827,83 euros (60 % de la renta garantizada que son 3.539,76 euros, más el 30 % de los 960,24 euros restantes hasta llegar a 4.500, que serían 288,07 euros). Percibiría 5.277,43 euros anuales (1.399,60 euros del IMV más 3.827,83 del incentivo) y su renta disponible aumentaría a 9.727,43 euros.

Los Presupuestos incluirán el alza de sueldo para los funcionarios que el Gobierno pactó ayer con UGT y con CCOO. Unas cifras con las que discrepa sin embargo CSIF, la mayor organización sindical en la Administración General del Estado. La subida será de un máximo del 9,5% hasta 2024 y repartida en tres años para todos los empleados públicos de los distintos niveles territoriales de la administración. De ese 9,5%, un 2% ya se aprobó en los Presupuestos del año pasado, y otro 1,5% está condicionado a que se cumplan una serie de variables, por lo que el desembolso adicional fijo al que se compromete el Ejecutivo es de un 6% entre 2022 y 2024.

Entre las medidas fiscales más relevantes que acompañarán a los Presupuestos destaca la rebaja del Impuesto sobre la Rentas de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas del trabajo por debajo de 21.000 euros. También se elevará un punto, hasta el 27%, la tributación de las rentas del capital en el IRPF superiores a 200.000 euros, y para las plusvalías superiores a 300.000 euros, se elevará hasta el 28%, dos puntos más.

Asimismo, las rentas del trabajo a partir de 15.000 euros (1.000 euros más que ahora) estarán exentas del pago del IRPF, mientras que en el IVA, se bajará el tipo del 10% al 4% para los productos de higiene femenina, de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales.

También en este impuesto, se elevará un 5% el rendimiento neto de módulos para los autónomos y se incrementa del 5% al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación en la tributación en régimen de estimación directa simplificada.

El paquete fiscal también incluye cambios en el Impuesto sobre Sociedades. En concreto, se rebaja el tipo nominal del 25% al 23% para las pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Igualmente, en este tributo se limitará al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados, que afectará a 3.609 grandes empresas y tendrá un carácter temporal.