Acusan al 'cartel' de los libros de subirlos un 32% y amenazan con demandarlos tras una sanción de la CNMC

"Debemos recuperar ese dinero que de alguna manera nos han robado", ha aseverado Jené, quien ha constatado que aunque la CNMC haya sancionado a las editoriales, organizadas a través de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), la multa impuesta ha sido de 33,88 millones de euros, cuando las empresas se han ahorrado aproximadamente 80 millones de euros en gastos de promoción y los sobrecostes serían superiores a 1.200 millones de euros, unos 214 euros por curso entre los años 2012 y 2018.

"Resulta que les sale muy barato incumplir la ley y eso es lo que no podemos permitir, la Justicia debe prevalecer y las editoriales deben pagar lo que nos han ido quitando poco a poco a todas las familias", ha señalado Jené, quien ha destacado que se trata de una cuestión de "justicia social" y que si este "sobrecoste" no ha supuesto mucho para algunas familias a otras muchas les ha supuesto "un gran esfuerzo económico" e "incluso pedir préstamos", por lo que ha apelado a la "solidaridad" entre todas las familias.

Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos llevan "mucho tiempo denunciando el proceso tan oneroso y los beneficios empresariales de las editoriales al estar cambiando continuamente el ISBN de los libros con modificaciones innecesarias de textos o simplemente cambiando los mismos de una página a otra", ha recordado Jené, quien ha comparado los precios de los libros de texto no universitarios con otros universitarios y especializados para poner de manifiesto cómo los primeros son más caros a pesar de tener una mayor tirada.

La FAPA Francisco Giner de los Ríos extiende el llamamiento que ha realizado a las familias a las administraciones, que también han resultado "perjudicadas" en tanto en cuanto hayan concedido becas o ayudas para la compra de libros de texto. La que será la "primera demanda colectiva por daños de competencia", según los abogados de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, del estudio jurídico Global CS, se basa en que, de acuerdo con la resolución de la CNMC del pasado mayo, las editoriales de los grupos Santillana, Anaya, SM, Edelvives, Oxford University Press, Macmillan, Mc Graw Hill, Pearson y Algar Libros llevaron a cabo la "fijación, desarrollo y aplicación de una conducta sectorial" y la fijación del precio de los libros de texto electrónicos, según el director general de Global CS, Ignacio Valderas.

Valderas ha apuntado que la resolución de la CNMC no habla de "cártel" aunque entiende que la actuación de las editoriales, con prácticas como el reparto de los centros educativos para ahorrarse la acción comercial y el intercambio de información, se enmarca en la definición de cártel que hace la CNMC, y ha destacado la experiencia de su despacho en procesos similares relativos a los camiones y el azúcar. Asimismo, tanto Valderas como el abogado Carlos Martínez han recalcado que aunque la resolución no hable del sobrecoste de los libros de texto en general, el hecho de que se haya producido este tipo de "concertación" implica una práctica "claramente colusoria" en el sector. Por otro lado, han restado importancia al hecho de que las editoriales puedan recurrir su sanción en la Audiencia Nacional, ya que aseguran que el recurso tendría que ver con posibles irregularidades administrativas en la imposición de la multa.

Según los estudios previos realizados, el precio de los libros de texto no universitarios es un 47 por ciento superior al de resto de títulos publicados por las editoriales en libro físico y hasta un 80 por ciento en libro digital. El análisis comparativo con las demás categorías de libros, teniendo en cuenta los costes de edición y de comercialización, permite concluir que el sobreprecio abonado por las familias españolas es no inferior al 32 por ciento. La cantidad que podría percibir una familia a través de este procedimiento, con dos hijos y un gasto medio estimado de 250 euros al año por hijo durante el periodo 2012-2018, sería de unos 839 euros netos. De esa cantidad se descuentan los 23 euros de provisión que deben abonar las familias (precio por familia) o cualquier persona que haya adquirido libros de texto no universitarios, incluidos manuales de idiomas y Formación Profesional, en el citado periodo y quiera adherirse a la demanda colectiva (hasta el 25 de enero), que individualmente sería imposible por el coste del procedimiento, especialmente de la prueba pericial.

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE) ha asegurado que ni la propia entidad ni ninguna de las empresas asociadas han cometido ninguna infracción de la normativa de competencia, a pesar de haber sido sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al tiempo que ha negado los "sobrecostes" en los libros de texto que quiere denunciar la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Francisco Giner de los Ríos en una demanda colectiva.

"Como hemos mantenido desde el inicio de la investigación abierta por la CNMC, ni ANELE ni ninguna de las empresas asociadas han cometido infracción alguna de la normativa de competencia", ha puesto de manifiesto ANELE en un comunicado, al tiempo que ha negado haber participado en prácticas prohibidas por el art. 1 de la Ley 15/2007 y el art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Asimismo, ha señalado que la resolución de la CNMC por la que sanciona a una treintena de editoriales "ni es firme ni está debidamente fundada e incurre en deducciones erróneas, arbitrarias, irracionales y absurdas", y ha precisado que, por ello, tanto la Asociación como las empresas sancionadas por la CNMC han decidido recurrirla ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

"Confiamos plenamente en que los tribunales declararán su nulidad", ha afirmado ANELE, para señalar que "por todo ello" no se han producido "daños o perjuicios a las familias", sino que "de los propios datos manejados por la CNMC y aportados por las partes, objetivos y comprobables, resulta que, tras la adopción del código ético, el gasto medio en libros de texto por alumno se ha reducido".

En este sentido, ANELE sostiene que "el precio medio de los contenidos educativos se redujo de forma más que sustancial", ya que "frente a un incremento acumulado cercano al 15 por ciento durante el periodo 2006-2012, con anterioridad a la aprobación del Código Ético, el incremento del precio de los libros tras el desarrollo del referido código (2012-2018) apenas ha sido del 1 por ciento pese a la inflación y al desarrollo de nuevos proyectos editoriales tras la LOMCE, según ha explicado.

Así, ha defendido la "eficiencia evidente y demostrable" de dicho Código Ético, con el que considera está relacionada la resolución de la CNMC, que, como ha destacado, "en ningún momento ha sancionado a las editoriales por el 'sobrecoste' en los libros, que ni cuantifica

ni resuelve nada al respecto".

"Desconocemos de dónde salen las cifras manejadas por la FAPA, ya que no responde a las cifras recogidas en ningún informe oficial. Además, hay que señalar que en España el precio de los libros de texto en la enseñanza obligatoria es libre y es el detallista el que marca el precio final de estos libros", ha apuntado la asociación de editores.

En cuanto al Código Ético, han argumentado que "además de ajustarse a la normativa que regula el sector, está fundado en recomendaciones de organismos internacionales de prestigio como el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIEPE) de la UNESCO, que reprueban el fraude en la distribución y adquisición o selección de libros de texto a través del 'cohecho, regalos, favoritismo' y que abogan por pactos de integridad", como el aprobado por ANELE "para mejorar la transparencia y garantizar que se seleccionan los mejores recursos, de mejor calidad y al mejor precio".

En la misma línea, han incidido en que "el Código de Conducta sigue, igualmente, las prácticas establecidas por códigos similares aprobados en otros países (como en Italia o Estados Unidos), o de otros sectores que cuentan con una comercialización por prescripción similar, como el farmacéutico; y responde al interés general de erradicar prácticas nada éticas, y tipificadas penalmente, como la solicitud o entrega de regalos, obsequios y productos de todo tipo a los docentes y centros de enseñanza como contrapartida a la selección que, cada año, realizan de los libros de texto que deben utilizar los alumnos".

Por todo ello, la asociación de editores considera que "se puede afirmar, pues, que se sanciona al sector por cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros de enseñanza".