Ultimatum del Gobierno a la familia Franco: tiene 15 días para decir otro lugar pero lo exhumará

Franco seguirá siendo un arma para Sánchez de cara a la campaña electoral. En el mismo día en el que ha anunciado la convocatoria electoral previo mitin, ha dejado en el Consejo de Ministros que una de sus grandes promesas en estos nueve meses, exhumar a Franco, seguirá adelante. Lo hará dando un plazo a la familia y sin plenas garantías porque la batalla legal puede ser dura. Pero en campaña Sánchez podrá decir que hizo todo lo posible por exhumar al dictador.

Así, el Gobierno ha dado este viernes los últimos pasos en el procedimiento para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, sin ser capaz de garantizar que efectivamente podrá sacarlo de este emplazamiento y reinhumarlos en una ubicación distinta a la elegida por la familia en la cripta de la Catedral de la Almudena. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado el acuerdo motivado aprobado por el Consejo de Ministros con el que se "culmina" el procedimiento.

Sin embargo, el proceso iniciado en agosto pasado para exhumar los restos del dictador y hacerlo conforme a Derecho no habrá terminado si la familia, como parece, se niega a elegir una sepultura distinta a la que posee a perpetuidad en la cripta de Catedral de La Almudena, lugar que el Gobierno descarta por su ubicación tan céntrica.

Sólo si los nietos de Franco accedieran a enterrar los restos de su abuelo en un lugar distinto a La Almudena el procedimiento administrativo se podría dar por culminado. Pero esta hipótesis se muestra lejana a juzgar por las declaraciones de la familia y su entorno, que se niegan a aceptar la prohibición de que Franco repose en la céntrica cripta de la catedral.

Pasado el plazo de 15 días que da a la familia el acuerdo motivado aprobado este viernes por el Gobierno, si los nietos guardan silencio o no llegan a un acuerdo sobre una ubicación alternativa, será necesario que el Consejo de Ministros se reúna de nuevo para decidir una sepultura digna para los restos del dictador en un lugar que no presente riesgos de seguridad ni de orden público, como sí sucede, en opinión del Ejecutivo, con la cripta de La Almudena.

Esta decisión definitiva podrá ser recurrida por la familia y otras partes interesadas, que con toda seguridad solicitarán al tribunal medidas cautelares para paralizar el proceso, como así han adelantado.Aunque las decisiones del Consejo de Ministros son de ejecución inmediata, fuentes del Gobierno reconocen que no existe ninguna intención en el Ejecutivo de proceder a la exhumación de Franco "con nocturnidad y alevosía".

El Gobierno, añaden estas fuentes, no tiene por qué esperar a que la familia recurra ante el Supremo para proceder a la exhumación. Otra cosa es que así lo decida por razones de prudencia. En cualquier caso, en el momento en que se tome la decisión de iniciar los trabajos de exhumación en la Basílica, se informará a la familia por una cuestión de decoro, por lo que los nietos siempre podrían pedir en ese momento al Supremo la adopción de medidas cautelares.

Los posibles recursos que puedan presentarse a la orden de exhumación --además de la familia Franco están personadas la Fundación Nacional Francisco Franco y la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos-- cuentan con un plazo de dos meses para recurrir la orden de exhumación.

Además, el Supremo advirtió en diciembre pasado al Gobierno de que el acuerdo con la orden de exhumación "no podrá ser ejecutado sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar, y esta Sala se haya pronunciado al respecto", lo que complica que la exhumación efectiva del dictador pueda tener lugar antes de las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Con respecto a las dudas sobre si los servicios del Estado pueden iniciar los trabajos de exhumación y acceder a la basílica a pesar de la eventual oposición del prior benedictino que custodia el lugar, Delgado ha aclarado que el acuerdo establece que en los lugares de culto no está excluida la autoridad civil, de manera que "el Gobierno puede tomar aquellas decisiones para entrar legalmente en un lugar de culto".