La Guardia Civil analiza huellas y ADN del cuchillo de 30 cm por orden de la juez de Almonte
El crimen de Almonte pendiente de que el Supremo redacte la sentencia de la repetición del juicio o no, se enreda ahora por esta nueva. El cuchillo ha estado guardado en un armario de la Policía Local de Almonte sin que nadie se ocupara de hacerle análisis de huellas y ADN para ver si fue el arma utilizado para dar 150 puñaladas a las dos víctimas, o para saber si lo empuñó el entonces acusado, Francisco Javier Medina, que podría volver a ser juzgado si el Supremo ordena que se repita el juicio.
La magistrada ha abierto una pieza separada para saber qué pasó realmente con esa prueba que podía haber sido clave para resolver unos crímenes que ahora mismo siguen sin culpable sentenciado. La hoja del cuchillo coincide con la descrita en los informes forenses tras el análisis de las heridas de las víctimas y las huellas que dejó el asesino al limpiar la sangre del cuchillo en unas toallas de la vivienda. En otras toallas de la casa hallaron restos epiteliales de Francisco Javier Medina, la principal prueba que hubo contra él.
Hace una semana se desencadenó el enredo cuando los vecinos de Almonte pusieron sobre aviso al hermano de la víctima. Anibal Domínguez no daba crédito a la historia del hallazgo que escuchaba y decidió tirar del hilo para que el asunto llegara a oídos de la UCO. No podía entender que una posible prueba tan importante se hubiera diluido sin ponerla en conocimiento de los investigadores. El grupo de la UCO que había investigado los crímenes mandó un requerimiento al Ayuntamiento de Almonte. Los vecinos aseguraban que el hallazgo se había producido pocos meses antes de que se iniciara el juicio, en el año 2017.
El informe del consistorio llegaba a Madrid esta semana, pero antes el Ayuntamiento decidió dar una rueda de prensa para “limpiarse” de responsabilidades. El argumento de la alcaldesa, la jefa de Policía Local y del concejal de Seguridad es que los agentes fueron avisados por una vecina que estaba con el trabajador que encontró el arma. Fue divisada en la alcantarilla por el operario que realizaba labores de pintura en el Callejón de los Granados, a escasos metros del domicilio de Medina. Cuando llegaron los policías, los vecinos les dejaron una bolsa de plástico para guardarla.
Según la versión del consistorio almonteño, los hechos no tuvieron lugar en 2017 sino un año antes, en 2016. Sorprendentemente los agentes locales, según esa versión, fueron al puesto de la Guardia Civil con el cuchillo pero nadie se hizo cargo del arma porque fue el guardia de puerta el que dijo que ahí no investigaban nada referente a un cuchillo. Según la versión de los policías con las mismas se marcharon y ya no dijeron nada a nadie. La respuesta del agente de la guardia civil es ilógica pero el Ayuntamiento insiste en su tesis y traslada a la Benemérita la responsabilidad sobre el cuchillo. Los policías locales no hicieron un acta del hallazgo y no hay ninguna anotación de lo ocurrido. Solo en el sobre donde lo guardaron en un armario pusieron la fecha y el contenido además del lugar donde lo habían hallado.
Los argumentos de la Policía local han puesto en jaque a la Guardia Civil, pero también a la juez del caso que citaba a los policías para este viernes 14 de diciembre después de que los agentes aparecieran por sorpresa con el arma en cuestión.
Los análisis de huellas y ADN y de posibles restos de sangre determinarán cinco años después si estamos ante el arma del crimen. Se tiene que valorar si se toma en consideración como prueba porque obviamente durante este tiempo no hay constancia de que se haya respetado la cadena de custodia.
El abogado de Medina ha explicado hoy que su cliente está inquieto pero esperanzado en que si se repite el juicio volverá a salir absuelto. La familia de las víctimas, sin embargo, esperan que la tardanza del Supremo que ya ha deliberado pero no ha querido adelantar el fallo hasta no redactar la sentencia, sea señal de que se ordena esa repetición tan esperada para ellos.