Todo comienza robando un DNI. Una mujer se lo apropia, y roba la identidad de otra persona. Se hace pasar por ella y se casa a cambio de dinero con subsaharianos que quieren conseguir la nacionalidad. Cuando la víctima acude a votar, o a empadronarse, se da cuenta que la han casado en un lugar donde nunca ha estado. Utilizan el DNI real y eligen parroquias pequeñas, donde los datos no están centralizados, cobran 5.000 euros de los inmigrantes y a partir de ahí viven la vida de otra persona.
Se empadronan en residencias que no son suyas, en lugares que no existen, abren cuentas corrientes, piden préstamos, etc. La afectada no puede hacer nada. Legalmente está casada y todas las deudas van a su nombre. Ante esta impotencia, muchas víctimas han pedio el cambio de número de DNI al Ministerio del Interior pero esta opción no es viable. La única solución que les queda es paciencia, un largo recorrido hasta anular ese matrimonio y cruzar los dedos para que la policía localice a los delincuentes que todos están en paradero desconocido. Mientras tanto, algunas, como Teresa no podrán casarse con su novio hasta que finalice todo el proceso judicial, de 2 a 3 años. Y otras, como Nieves seguirán casadas por partida doble, la casaron en dos iglesias distintas el mismo día.
Casos concretos de una realidad generalizada, redes que siguen impunes cometiendo los delitos de robo, estafa y suplantación de la identidad matrimonios donde nada es real, hasta que la justicia actúe.