La querella, presentada por la comisión de supuestos delitos de prevaricacion en comision por omision y estafa agravada bajo la forma del delito masa, les acusaba de haber permitido a la filial de Enel el cobro de esta cantidad como consecuencia del suministro electrico que dicha compania presta a los ciudadanos para compensar a las electricas por las inversiones realizadas antes de la liberalizacion del sector.
Segun los querellantes, esto supuso una estafa, porque con la subida de los precios del petroleo y del gas esta forma de actuar determinó que la compañia cobrara mas de lo inicialmente previsto, repercutiendolo en los consumidores hasta su derogacion mediante Real Decreto 7/2006 de medidas urgentes en el sector energetico.
En un auto, el juez Moreno señala que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su dia por la Fiscalia Anticorrupcion, asi como del expediente remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Energia "se llega a la conclusion de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de prevaricacion y estafa, pues no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia para la existencia de los mismos".
Añade que, "a tenor de los datos y elementos existentes, ha de concluirse que la querella en cuestion cuando menos no es fundada a efectos penales, al no revestir los hechos caracteres de delito", por lo que no procede admitirla a tramite.