Se trata de una declaración institucional que ha sido refrendada por todos los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja y que ha leído el presidente de la citada comisión parlamentaria, Mario Mingo.
Según el texto, la Constitución establece como derechos "fundamentales, inviolables e inherentes" al ser humano, el honor, la intimidad personal y familiar, así como la dignidad de la persona y la propia imagen. Además, precisa que para la infancia tales derechos se recogen en la Ley de 1996 de Protección jurídica del menor.
"Es necesario fijar la atención en que si bien, todas las constituciones democráticas modernas y las declaraciones institucionales de derechos humanos predican el reconocimiento de estos derechos para todos los individuos, en el caso de los menores esta tutela encuentra un especial refuerzo", ha subrayado.
Igualmente, el texto defiende que la infancia, por sus especiales características derivadas de su falta de madurez y escasa experiencia vital, es "más vulnerable ante situaciones injustas" y, siendo conscientes de ello, organismos internacionales competentes en la materia han elaborado sus disposiciones bajo la premisa de la defensa del interés del menor como elemento determinante.