El documento, aprobado previamente por unanimidad en comisión de gobierno, ha sido finalmente la fórmula empleada por el organismo consultivo para tratar de llegar a un consenso sobre transparencia institucional en este órgano consultivo del gobierno valenciano. En un principio, se propuso pedir a la Generalitat que modificara la Ley del CVC, pero ante el "alboroto" levantado por la iniciativa --según lo ha definido la consejera Glòria Marcos-- se optó por esta petición voluntaria.
Cabe recordar que el artículo 11 de la Ley del CVC establece que la condición de miembro del CVC se pierde por defunción, renuncia, finalización del período para el que se es nombrado, incapacidad declarada mediante resolución judicial firme, incurrir en causa de incompatibilidad o por estar condenado, por sentencia firme, a una pena que comporte como accesoria la inhabilitación profesional o política.
En concreto, la propuesta que el presidente de la institución, Santiago Grisolía, ha presentado hoy ante el pleno dice que "en caso de incurrir en la condición, dictada por un juez, de investigado en causas ejercidas como cargos públicos, renuncien voluntariamente, de manera cautelar, al ejercicio de sus funciones como miembros del Consell Valencià de Cultura, a fin de preservar la autoridad moral y el buen funcionamiento de la institución".
Añade que todo miembro del CVC que se encuentre en esa situación "se abstenga de participar en estudios y trabajos de la institución relacionados con actividades de organismos públicos o privados en los que haya ocupado u ocupe algún cargo de responsabilidad". "Quedan exceptuados los miembros de la institución nombrados representantes suyos como vocales de consejos asesores de otros organismo", agrega.
La propuesta ha provocado un intenso debate en el pleno ordinario del CVC y, finalmente, ha sido aprobada con 10 votos a favor, 4 en contra y 4 en blanco. Por su parte, el consejero José Maria Lozano se ha negado a votar al considerar que una propuesta así "no debería haber llegado a pleno".
Uno de los consejeros afectados, Vicente Farnós --investigado (imputado, según la antigua denominación de la Lecrim) en el marco del caso Gürtel-- ha manifestado que se va a someter "estrictamente" a lo que marca la ley del CVC y ha subrayado que lo se ha pretendido es un "contrafuero claro" contra la ley de la institución.
"PONER A COMPAÑEROS EN LA PICOTA"
"Creo en la presunción de inocencia, que es un valor que recoge la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos y que nosotros deberíamos tener la obligación de defender y no poner en la picota a compañeros desde el primer día a denigrarlos", ha sentenciado.
Por su lado, Consuelo Ciscar --investigada en la causa abierta por supuestas irregularidades en la gestión del IVAM durante su etapa al frente del museo-- no se ha pronunciado durante la sesión plenaria y, al término de la misma, ha declinado hacer valoraciones a los medios.
Uno de los miembros más críticos con la propuesta ha sido José María Lozano, quien se ha dirigido al presidente, Santiago Grisolía, para cuestionar que llevara a pleno un punto que insta a los consejeros a pronunciarse sobre un tema "personal" de sus compañeros. "No sé quién el aconseja o asesora a usted en este asunto", ha dicho el catedrático, que ha añadido: "Me coloca en una posición dificilísima y me crea un problema organizativo, también me ha creado alguno más íntimo".
En esta línea, ha subrayado que a los miembros de la institución no les pone "fulanito o menganito en el carguito", sino que son elegidos por las Corts Valencianes y ha aseverado que "no es constitucional" que una persona que ha sido elegida por un procedimiento deje de serlo por otro.
"ADMIRADA" CONSUELO CISCAR
Asimismo, Lozano, que ha recordado que fue miembro del Consejo Rector del IVAM, ha salido en defensa de su "admirada" Consuelo Ciscar. "Durante el tiempo en el que estuve en el Consejo Rector y he informado a este CVC de sus actividades no ha habido irregularidad alguna" y "mucho menos"
--ha precisado-- en contrataciones inadecuadas, sobrecostes de obres de artes y "tantos disparates" que aparecen en el sumario en el que se "persigue" a la exdirectora.
Por contra, Glòria Marcos ha puesto de manifiesto que si el acuerdo no salía adelante o si se incumple continuará pensando que "hay que pedirle a la Generalitat que modifique la norma porque nosotros mismos no somos capaces de dotarnos de un código ético".