De todas las medidas para apoyar a consumidores y empresas ante esta crisis energética, la bonificación de 20 céntimos a los carburantes vigente desde el 1 de abril es la más cara de todas con diferencia. Este año supondrá un desembolso de 4.531 millones de euros y si se prorroga tal cual está en 2023, ascenderá a 6.774 millones de euros.

Los cálculos son de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) porque el Gobierno no ha facilitado el detalle de este gasto, ni en el caso de que decidiera prorrogar la medida el año que viene. El Gobierno sí que ha adelantado que se plantea focalizar esta ayuda solo a los sectores más afectados. Mientras tanto, los carburantes vuelven a iniciar una escalada del precios: el diésel supera los dos euros el litro en muchas estaciones de servicio.

La más cara y también de todas las iniciativas, la bonificación a los carburantes ha sido la más criticada por los expertos. Por un lado se temía que las petroleras se quedaran con la subvención y no la trasladaran al consumidor. Se ha visto este efecto en algunos casos concretos pero no de manera generalizada. Y por otro, lo que se ha detectado que los que más se benefician de la medida son las rentas altas. Los hogares que más han ajustado su gasto en gasolina son los que menos ingresan, lo que indicaría que han tratado de sustituir el coche por otro tipo de movilidad.

De todas las medidas del plan anticrisis la única que está presupuestada y decidida es la renovación del bono gratuito para trenes de cercanías a lo largo de 2023. Esta medida tiene un coste de 700 millones de euros al año, casi diez veces menos que continuar bonificando el litro de los carburantes.

¿Hay margen para prorrogarlo todo?

Desde que presentó el proyecto de los presupuestos para 2023, la ministra de Hacienda viene insistiendo en la idea de que España tiene "holgura" para poder encajar medidas anticrisis. En los documentos remitidos a Bruselas sobre las cuentas cuantificó este margen en 10.500 millones de euros. ¿Es suficiente para prorrogar todas las medidas en vigor? No lo parece. Habrá que ser más selectivo en las ayudas, bien por convicción (y porque lo piden todos los organismos) o por puras matemáticas: no hay tanto presupuesto extra para seguir como hasta ahora.

El esfuerzo del Estado para contrarrestar los efectos de los precios de la energía superará este año los 15.700 millones de euros, según las cifras de la AIReF. Y si todo sigue como está en 2023, el coste rondará los 18.500 millones de euros. Este es el detalle de cada una de las medidas.

El Consejo de Ministros aprobaba este martes un nuevo paquete de ayudas anunciado por Pedro Sánchez hace unos días: 3.000 millones más para proteger a más hogares frente a la subida del precio de la energía. El Gobierno condiciona a la propia evolución de la crisis la decisión sobre qué hacer a partir del 1 de enero, cuando vencen la mayoría de las medidas.

Extender el bono social a más familias no será lo último que se decida, comentaba la ministra portavoz tras el consejo. La autoridad fiscal independiente critica esta posición. Si el Ejecutivo está dando por hecho que estas circunstancias excepcionales van a continuar en 2023, ¿por qué ha decidido excluir su posible coste de los presupuestos? Todo apunta a que muchas se van a renovar, pero no figuran en las cuentas. De alguna manera, este planteamiento le resta credibilidad al proyecto, viene a argumentar la AIReF.

Es un poco el mundo al revés: se critica al Gobierno por calcular a la baja los ingresos (lo habitual es justo lo contrario). Según el informe de la autoridad fiscal independiente se peca de demasiada prudencia con la recaudación: tanto este 2022 como 2023. ¿Y eso? Porque la diferencia es lo que le da holgura al Ejecutivo para aprobar medidas que considere oportunas. O como lo dice la AIReF: "Favorece el comportamiento estratégico de contar con un margen de ingresos".