El secretario general de Frecom, José María Riquelme, que valoró en declaraciones a Efe la carga de trabajo que va a permitir la inversión procedente del Fondo Estatal de Inversión Local, señaló que la medida es positiva porque, sobre todo, va a permitir a las empresas mantener el nivel de empleo ya creado, con un esfuerzo económico que calificó de "importantísimo", y luego "si se puede, recurrir al mercado del desempleo".
Según datos de esta federación, en la Región se mantienen unas 3.500 empresas, con unos 80.000 trabajadores.
"Se ha destruido mucho empleo" desde el primer trimestre de 2008 en el que se contabilizó una cifra récor de 114.000 empleos directos, la más alta de la historia del sector en la Región, y ahora que hay 80.000.
El descenso ha sido considerable, dijo Riquelme, quien sin embargo recordó que hace diez años este sector contaba con 50.000 personas.
Riquelme señaló que el volumen de trabajo ha bajado un 50 por ciento y el desempleo sólo ha aumentado un 35 por ciento, por lo que todavía hay un diferencial de un 15 por ciento que mantienen las empresas, pero advirtió que se desconoce cuanto tiempo se va a poder mantener.
Sin embargo, los responsables de la Federación de Construcción van a enviar un escrito a la Delegación del Gobierno en el que alertan del riesgo que plantea la casuística que se puede dar cuando en una obra "hay que picar el suelo".
Partimos de que los proyectos aprobados están bien hechos, pero en construcción "nunca se sabe lo que se va a encontrar en el subsuelo; si al picar van a aparecer unos restos arqueológicos o un problema geológico, que puedan poner en peligro el plazo de finalización de la obra, que el real decreto fija en un año".
La experiencia indica que "será raro que no pase nada y esos imponderables habra que ver cómo se solventan", aunque admitió que será en obras "contadas" porque la mayoría de proyectos son reposiciones, colocaciones de césped o de alumbrados.
Rosique, que mostró la tranquilidad del sector en cuanto a la garantía de pago de las obras del Fondo, mostró, sin embargo, su preocupación por el criterio que planteen los interventores del Estado a la hora de valorar si la obra se ajusta a las condiciones del Decreto.
"Una cosa es la valoración que el Gobierno plantea en el Plan y las garantías que recibimos las empresas, y otra el criterio que luego los interventores tengan a la hora de valorar si la memoria que presente el ayuntamiento cumple al cien por ciento la norma", advirtió el presidente de los constructores murcianos.
"Es un riesgo que crea inseguridad jurídica, que lleva el peligro de que en caso negativo no se abone el 30 por ciento al finalizar la obra, o incluso haya que restituir el dinero", dijo.
En este sentido, explicó que el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, les transmitió seguridad en la reunión que mantuvo con la patronal Corem, pero "de todas maneras vamos a plasmar esas dudas por escrito para que sean conscientes de la casuística".
Para Rosique, el Plan es positivo porque, en último caso, ninguna administración pública "puede permitirse el cierre de una empresa", que, en su opinión, supone dejar de ingresar unos impuestos y a la vez un aumento del gasto social por el desempleo que se crea.
También consideró que la ayuda (246,3 millones de euros) es "importantísima", y opinó que "la cuestión está en ver si efectivamente puede ser un impulso o una medida coyuntural. Después habrá que ver qué empleo hemos sido capaces de crear".
Desde el pasado mes de agosto, se han inscrito 6.212 empresas en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), requisito obligatorio para ser contratadas o subcontratadas en cualquier obra, según la Ley reguladora de contratación del Sector de la Construcción.
Fuentes de la Consejería de Trabajo informaron a Efe de que a fecha de hoy, se solicitaron 6.966 inscripciones en el REA de las que se han inscrito 6.212, se encuentran en tramitación 277 y otras 272 han sido denegadas, por no poder acreditar materiales, medios humanos u organización preventiva suficiente; el resto hasta el número total están pendientes de documentación o las propias empresas han desistido.