Con esta decisión se completa el marco normativo aprovechando el conjunto de reformas introducidas por el Real Decreto Ley 11/2010 de modo que garantice la máxima seguridad jurídica en los procesos de reestructuración en marcha y fusiones de entidades, como es el caso de Caja España y Caja Duero.
El vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva, explicó en rueda de prensa que la nueva normativa regional es "imprescindible para asegurar la permanencia y el fortalecimiento de las cajas".
Asimismo, explicó que la Junta de Castilla y León introduce en su Decreto Ley algunas novedades sobre la normativa vigente hasta ahora en cuanto a los porcentajes de representación de los órganos directivos y el régimen de incompatibilidades.
El Decreto Ley aprobado por la Junta de Castilla y León recoge todas las novedades introducidas por la normativa estatal en cuanto a la capitalización de las Cajas de Ahorro, formas del ejercicio de la actividad y régimen de fiscalidad.
Con el objeto de cumplir el mandato de la norma estatal que exige que la mayoría de los miembros del Consejo cumplan con los criterios de profesionalización, se aprueba la exigencia de que, al menos el 50% de los miembros de los grupos de representación en el Consejo cumplan con los requisitos de profesionalización, excepto para el grupo de empleados, a quienes se les exonera de esta exigencia.
Los representantes designados por las Cortes de Castilla y León deberán cumplir estos requisitos de profesionalización en un 100%.
Los requisitos de profesionalización son el haber desempeñado, durante un plazo no inferior a cinco años, funciones de alta administración, dirección, control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades públicas o privadas de dimensión análoga.
Además, la presencia pública (Cortes y Municipios) en los órganos de gobierno se reduce un 10% y pasa a un 37%, a favor de impositores y Entidades de Interés General, donde se reserva un 5% al Consejo del Diálogo Social.
El Decreto Ley aprobado por el Gobierno Autonómico añade una regulación de conflicto de intereses que se extiende al Presidente, miembros del Consejo de Administración y la Comisión de control con retribución, que supone la prohibición de operaciones vinculadas, la imposibilidad de mantener créditos avales o garantías para el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales de la caja de la que forman parte o cualquier otra entidad participada por la Caja.
La reducción a la que obliga el Real Decreto del 10% del Grupo de Cortes y Corporaciones Locales se realiza en Castilla y León incorporando un 5% al Grupo de Entidades de Interés General y el otro 5% al grupo de Impositores.
El Consejo del Diálogo Social tiene cabida en el grupo de entidades de interés general por tanto la composición de grupos en la regulación autonómica queda de la siguiente forma: El grupo de Impositores: 37%; el grupo de Cortes: 16%. Las Corporaciones Municipales: 21%. Las Fundadoras: 5%. Las Entidades Interés General: 10% y por último el grupo de Empleados el 11%.
El Decreto Ley de Castilla y León eleva de 2/3 a 4/5 la mayoría necesaria para la aprobación de Fusiones, SIPs, ejercicio indirecto de la actividad financiera y las decisiones de transformación en Fundación.
Respecto al periodo transitorio para la fusión Caja España y Caja Duero ambas deberán adaptar sus estatutos a la nueva norma en los plazas fijados por la ley, si bien los órganos de gobierno pactados para el citado tiempo de transición se respetarán durante el máximo de dos años.
Una vez publicado este Decreto Ley, las Cajas de Ahorros disponen de tres meses para proceder a la adaptación de sus Estatutos y Reglamentos, para ser posteriormente en el plazo de un mes aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda o la Junta de Castilla y León.
Villanueva manifestó que han de ser los órganos de dirección de las cajas los que decidan sobre la designación del presidente y no quiso hacer valoraciones sobre posibles incompatibilidades del actual presidente de Caja España, Santos Llamas, y la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.