El juez del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, fijó la fianza penal el miércoles pasado, después de tomarle declaración durante más de tres horas, y dictó una segunda fianza de responsabilidad civil por unos 2,5 millones de euros contra la también ex presidenta de Unió Mallorquina (UM).
Este caso es relativo al supuesto desvío de fondos públicos del Consell a miembros de UM y la presunta financiación ilegal del partido durante la legislatura pasada, todo ello mediante subvenciones del Consell a productoras audiovisuales afines al partido nacionalista, que hasta el pasado mes gobernaba en coalición con el PSOE y el Bloc.
El abogado de Munar, Gabriel Garcías, ha anunciado hoy que ha recurrido tanto la fianza penal como la civil impuesta a su clienta.
Tras entregar anoche en los juzgados el aval bancario correspondiente a la fianza penal, Garcías ha presentado un recurso contra esta decisión en el que alega la inexistencia del riesgo de fuga en el que se fundamenta la petición de la medida cautelar.
En cuanto a la fianza civil, el letrado que defiende a la ex presidenta del Parlament balear ha impugnado esta decisión con argumentos como que el momento procesal actual no es el oportuno para adoptar esta medida.
Sin embargo, el recurso no impide que se ponga en marcha el proceso de embargo de bienes contra la ex presidenta de UM, han indicado fuentes judiciales.
Durante su comparecencia del miércoles ante el juez, Munar negó todas las acusaciones en este caso. La Fiscalía Anticorrupción acusa a la ex presidenta del Parlament de la comisión de hasta seis tipos delictivos distintos en el caso Maquillaje.
Considera que Munar ha cometido supuestamente delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, delito electoral y negociaciones prohibidas.
Esta mañana, el juez Lope Sola ha tomado declaración como imputada a la ex secretaria técnica del Consell de Mallorca Eugenia Cañellas, quien ha afirmado que contrató a personas supuestamente vinculadas con UM a instancias del ex vicepresidente de la institución insular Miquel Nadal y del ex director insular de Proyectos Mateu Cañellas, ambos de este partido.
La imputada, afiliada a Unió Mallorquina, ha reconocido que por medio de la productora Vídeo U -supuestamente propiedad de Nadal y la ex presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar- se contrató a 14 personas de UM.
Ha añadido que también se contrató a otras cinco o seis mediante la empresa de informática Minser y a otro número de personas, que no ha sabido concretar, a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca, cuyo gerente fue nombrado por UM.
La empresa Minser, vinculada a UM, está siendo investigada en otra causa de supuesta corrupción, el caso Voltor, por beneficiarse durante esta legislatura de contratos irregulares de la Conselleria de Turismo, en manos del partido nacionalista hasta que fue expulsado por el PSOE del pacto de gobierno a raíz de este caso.
Precisamente hoy, dos responsables de la empresa han depositado sendas fianzas penales de 100.000 euros para eludir la prisión, junto al ex conseller de Turismo Francesc Buils (UM) y al empresario de la comunicación Jacinto Farrús, que también han consignado fianzas penales por esta misma cantidad.
Los cuatro fueron detenidos esta semana en la segunda fase de este caso, cuya primera fase desembocó en la expulsión de UM de los gobiernos de Baleares, Mallorca y Palma.