La delegación británica exigió garantías de que en ningún caso las nuevas autoridades de supervisión que está previsto poner en marcha podrán tomar decisiones que tengan consecuencias para las arcas nacionales, una precisión que deberá tener en cuenta la Comisión Europea (CE) a la hora de formular las propuestas legislativas.
El ejecutivo de la UE tiene que ponerse a trabajar en breve en los textos para poder ir aprobando los cambios durante el otoño, de modo que la nueva estructura de supervisión entre en funcionamiento a lo largo de 2010.
Desde la Comisión, su presidente, José Manuel Durão Barroso, se mostró al término del Consejo Europeo muy satisfecho, y destacó que "hace apenas unos meses habría sido impensable el nivel de consenso conseguido hoy".
Los Veintisiete están convencidos de que resolver los fallos detectados en la actual crisis contribuirá a evitar situaciones similares en el futuro y, a más corto plazo, ayudará a restaurar la confianza en el sector financiero, lo que debería facilitar el inicio de la recuperación económica.
La principal novedad del modelo planteado por Bruselas es la creación de un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, encargado de preservar la estabilidad del sistema financiero comunitario y de emitir alertas y recomendaciones -no vinculantes- en caso de detectar amenazas.
El Consejo partirá de la estructura del Banco Central Europeo (BCE) y en él se sentarán los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros, un representante de la Comisión Europea, así como de los supervisores nacionales -aunque sin poder de voto-.
La idea inicial era asignar la presidencia de este nuevo organismo al presidente del BCE, pero para despejar las reticencias de los países que, como Reino Unido, no son socios del euro, los líderes acordaron que la responsabilidad recaerá en alguno de los gobernadores de los bancos centrales.
El otro pilar del modelo es el establecimiento de tres nuevas autoridades de supervisión -para los sectores de banca, bolsa y seguros-.
Éstas deberán fijar reglas comunes para todos los países y facilitar la cooperación entre los supervisores nacionales, además de supervisar a las agencias de calificación de riesgos.
Los organismos nacionales seguirán encargados de la vigilancia diaria del grueso de las entidades financieras y se crearán equipos para la supervisión de aquellas con actividad trasnacional.
Las tres nuevas autoridades -en las que estarán representados los Veintisiete- mediarán en caso de desacuerdo entre los supervisores de los Estados miembros y, aunque sus decisiones en este ámbito serán vinculantes, los líderes dejan claro que en ningún caso de esas decisiones podrán derivarse consecuencias presupuestarias para los países.
"Las decisiones de las autoridades europeas de supervisión no vulnerarán de ninguna manera las responsabilidades fiscales de los Estados miembros", recalca la declaración final del Consejo para despejar las dudas británicas.
El primer ministro británico, Gordon Brown, había convertido esta cuestión en prioritaria y, al término de la reunión, hizo hincapié en que tanto Reino Unido como el conjunto de la UE saldrán beneficiados de la aplicación del nuevo esquema.
Está por ver cómo se concretará esta cuestión, pero lo que se trata de evitar es dar a una autoridad supranacional la última palabra ante, por ejemplo, potenciales intervenciones públicas en entidades bancarias.
La canciller alemana, Angela Merkel, restó importancia a las concesiones hechas al Reino Unido y destacó el avance logrado hacia "una nueva economía social de mercado", aunque precisó que aún queda "un largo camino" para completar el refuerzo del modelo de supervisión.
Por su parte, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, consideró "impresionantes" los progresos logrados en este ámbito en menos de un año, y valoró el cambio de enfoque sobre la supervisión del dirigente británico.