La Administración Pública no ha reducido los plazos de pago "ni un solo día" en 2010 y lo que va de 2011, según la compañía de gestión de crédito Intrum Justitia, ya que mantiene el plazo real de pago en 153 días, pese a que la Ley de Morosidad instaba a las instituciones a reducir este tiempo a 55 días el pasado año y a 50 al finalizar 2011.
Según Intrum, el Índice de Riesgo de 2011 asegura que el 84% de las empresas conoce la nueva ley y sus características, entre las que se encontraba la propuesta de que en 2011 los plazos se redujeran hasta los 85 días.
En este sentido, el director general de Intrum Justitia Ibérica, Luis Salvaterra, señala que aunque todavía queda medio año para que las compañías puedan cumplir este objetivo, "por lo que se ha podido observar en el primer trimestre de 2011 su cumplimiento será complicado, ya que en España se han aumentado los plazos de pago en un día, hasta los 99".
Asimismo, el hecho de que las compañías españolas paguen en un plazo de 43 días más tarde que la media europea supone una dificultad para establecer relaciones comerciales con otros países.
Según Salvaterra, "el Gobierno debería hacer cumplir cuanto antes los plazos de pago y las empresas deberían mentalizarse de la necesidad de mejorar progresivamente su comportamiento de pago, no solo para mejorar la economía de España, sino para mejorar sus negocios internacionales".
Por otro lado, el Índice de Riesgo recoge que el 91% de los empresarios reclama una legislación "más sólida" para obtener sus pagos a tiempo, y el 70% cree que hace falta una regulación para establecer el plazo de pago de los consumidores.
Además, este comportamiento supone que el 77% de los empresarios teman que los retrasos afecten a la liquidez de la compañía, así como que el 62% esperen pérdidas en el beneficio como consecuencia de los aplazamientos y de los impagos.