La proliferación de los robos cometidos en el medio rural está causando un perjuicio muy elevado a los propietarios, no sólo por el producto sustraído, sino también por los daños que se causan en sus instalaciones, en ocasiones con un valor superior al del producto robado.
Para paliar esta situación, se va a incluir en el Código Penal, dentro de la tipificación de hurto y en los supuestos en los que este delito se castiga con penas de prisión de 1 a 3 años, una nueva circunstancia relativa a que se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los medios e instrumentos que se utilizan para su obtención.
Además, las penas serán de 1 a 4 años de prisión cuando la persona que cometa el delito de hurto porte un arma o cuando pertenezca a una organización criminal constituida para la comisión continuada de delitos contra la propiedad, y otro de sus integrantes participe en la comisión del delito.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha subrayado que en la reforma se ha tenido en cuenta las recomendaciones realizadas por las asociaciones agrarias. "Nos trasladaron sus recomendaciones por medio del ministro Miguel Arias Cañete, las estudiamos en profundidad y sustancialmente están todas incorporadas en la refoma", ha explicado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Ruiz-Gallardón ha considerado que estos cambios eran necesarios porque se trata de "situaciones de especial riesgo", ya que las "explotaciones agrarias españolas" han cambiado en la actualidad y "por norma general no están acompañadas de espacios habitacionales como consecuencia de las comunicaciones", por lo que había que dotarlas de una mayor protección.