Carcesa, fabricante de las marcas Apis y Fruco, es una de las empresas del conglomerado de Nueva Rumasa a través de la que la familia Ruiz-Mateos emitió pagarés corporativos.
Según explica Iure Abogados, la venta de la unidad de negocio a la Sociedad Gestora de Productos Agroalimentarios, que lleva un año explotando las fábricas de Carcesa en régimen de alquiler, "parece estar a punto de finalizar" y, cuando ello ocurra, la actividad industrial habrá salido de la masa activa.
De este modo, entre los activos quedarán únicamente créditos pendientes de cobro por parte de Carcesa frente a sus deudores e inversiones financieras.
"Dada la naturaleza de estos activos, es previsible que su valor de recobro sea menor que el que constaba en el informe de la administración concursal", señala Iure Abogados.
Así, se reclamará a los deudores que paguen el saldo pendiente, pero, si transcurrido un año no se ha logrado el recobro de los créditos, se procederá a su venta pública en subasta.
El despacho de abogados explica que, para el supuesto de que no pueda producirse la transmisión de la unidad productiva a la Sociedad Gestora de Productos Agroalimentarios, "sería necesario acudir a una entidad especializada para la mejor venta competitiva de la unidad de negocio durante un plazo de tres meses".
En caso de no recibirse ofertas, se venderían los bienes por lotes o de manera individualizada, según sea más beneficioso para la satisfacción de los acreedores.
Carcesa, que se encuentra en concurso de acreedores desde hace más de un año, presenta un desfase patrimonial de cerca de 68 millones de euros, al tener un pasivo de aproximadamente 245 millones de euros, frente a activos valorados en unos 178 millones de euros.