La presidenta argentina, Cristina Fernández, citó a gobernadores y alcaldes a un acto en su residencia oficial para anunciar la firma de un decreto de necesidad y urgencia para "co-participar" un derecho de exportación cuya recaudación va íntegramente a las arcas del Estado nacional.
Según explicó la presidenta, con lo recaudado por el impuesto a las exportaciones de soja, sobre las que pesan una tasa del 35 por ciento, se creará un "fondo solidario", del cual un 30 por ciento será girado a los estados provinciales.
A su vez, las provincias deberán girar un 30 por ciento de los recursos que reciban de ese fondo a los municipios de su distrito para aplicar ese dinero a obras de infraestructura.
Fernández dijo que la medida busca "sostener la actividad económica y el empleo" para morigerar el impacto de la crisis global en las provincias y los municipios de Argentina.
"Es obvio que este impacto de crisis mundial llega también a las provincias y los municipios (...) La recaudación ha crecido menos y esto tiene impacto en las economías municipales y provinciales", reconoció.
Fernández destacó que los fondos serán destinados a "infraestructura social", como escuelas, vivienda, redes de agua potable y cloacas, "de modo tal que la resignación que la Nación hace de esta parte del superávit fiscal vaya directamente al sostenimiento de la actividad económica y que impacte en la calidad de vida de la gente".
La presidenta dijo que, a través de este fondo, las provincias recibirán 6.500 millones de pesos (1.771 millones de dólares), lo que representa un 11 por ciento de los impuestos que actualmente se co-participan a las provincias.
Reconoció que la medida "significa una disminución del superávit fiscal nacional", pero señaló que "sostener las cuentas públicas nacionales implica también sostener las cuentas de las provincias y los municipios".
Varias provincias reclaman desde hace años el debate de una nueva ley de coparticipación de impuestos para que el Estado nacional les derive un mayor porcentaje de recursos.
En tanto, las patronales agrarias reclaman desde hace más de un año una rebaja en los impuestos a las exportaciones de granos, entre ellos la soja, el principal cultivo del país.
Los productores rurales intentaron hoy en vano el debate en el Parlamento de un proyecto para concretar esa rebaja pues el apoyo de partidos de oposición resultó insuficiente para habilitar la discusión en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo.
En varios puntos del país se registraban hoy bloqueos de ruta por parte de agricultores que exigen al Gobierno un urgente cambio en los derechos de exportación.