En sus conclusiones provisionales, el fiscal pide nueve años de prisión tanto para Sáenz como para los otros tres imputados: el ex director general de Banesto José Ángel Merodio; el ex director regional de Banesto en Cataluña Miguel Ángel Calama, y el letrado externo de esta entidad, Rafael Jiménez de Parga.
La Sala ha decidido continuar el juicio oral a pesar de ser admitido a trámite el pasado día 30 un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado por la defensa de Jiménez de Parga, al que se han adherido el resto de las defensas.
Las acusaciones han rechazado, por su parte, la suspensión del juicio y la prescripción de los delitos, al igual que el fiscal, quien considera que el Tribunal Constitucional no ha remitido una providencia a la Audiencia de Barcelona, por lo que el juicio debe celebrarse como estaba previsto.
Tras escuchar a las partes, el tribunal ha acordado mantener el juicio, que se prevé que se prolongue hasta la próxima semana y por el que hoy declararán como imputados los tres antiguos directivos y el abogado.
El caso se remonta a 1994, cuando el banco denunció a los empresarios Pedro Olabarría y los hermanos Luis y José Ignacio Romero por un delito de estafa y alzamiento, por lo que les reclamó unos 600 millones de pesetas (3,6 millones de euros).
Según el fiscal barcelonés, los directivos bancarios tenían "pleno conocimiento de la falsedad de los hechos en que se fundaba" la querella contra los empresarios y, a pesar de ello, se reiteraron en estas "falsas imputaciones" en varios escritos durante el procedimiento de diligencias previas del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona.
La finalidad de la querella de Banesto, argumenta el fiscal, "era lograr por ese medio el cobro de una deuda que la entidad bancaria tenía con determinadas sociedades del denominado Grupo Harry Walker, tras haber fallado las negociaciones amistosas y conscientes los acusados de que no tenían frente a dichas personas acción civil directa para exigirles el cobro de ésta".
La acusación de Banesto sostenía que Olabarría y los hermanos Romero eran responsables con su patrimonio personal del impago de la deuda de 600 millones de pesetas y que retiraron estos fondos y los desviaron al extranjero, desde donde los transferían a otra sociedad que servía para "lavar" el dinero.