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El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley que el Consejo de Ministros aprobó con carácter de urgencia para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica. Con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas, tendrá una bajada del IVA del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses.
La medida, en vigor desde su publicación en Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación en el Consejo de Ministros, ha debido someterse, como cada decreto ley, a examen en el Congreso.
La rebaja fiscal, acordada entre los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Hacienda, busca contener el impacto en el recibo de la tensión alcista en el mercado mayorista de la electricidad, con el fin de "atender de forma urgente y aliviar la situación de las familias y del tejido productivo", según señaló en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Con la combinación de ambas medidas, el Gobierno estima que se reducirá la factura alrededor de un 12% para los consumidores domésticos y supondrán unos ahorros totales de 1.257 millones de euros.
En concreto, el Ejecutivo calcula que la rebaja del IVA representará un descenso de alrededor de 6 o 7 euros al mes en la factura de un hogar medio, por lo que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año, mientras que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica permitirá una rebaja de un 2% a un 3% en la factura de los hogares, de un 3% a un 6% para pymes y empresas medianas y alrededor de un 6% para la gran industria. Nos ahorraremos cinco céntimos en poner la lavadora el hora punta o cuatro céntimos en el horno y lavavajillas. La gente considera que el impacto va a ser mínimo y los expertos creen que se podría apostar por un impuesto hiperreducido para los más vulnerables.
La portavoz del Gobierno subrayó que estas medidas extraordinarias buscan "atajar" el actual problema de los precios de la electricidad y "contribuir la recuperación económica se pueda consolidar".
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su intervención hoy en el Congreso ha dicho que ya ha planteado por carta a la Comisión Europea la necesidad de facilitar cambios en el mercado eléctrico. Durante su intervención para defender el decreto ley que rebaja de forma temporal el IVA en la factura de la luz al 10% y suspende el impuesto de generación que pagan las eléctricas, Ribera ha asegurado que no ve "adecuado" en las situaciones actuales el diseño actual de este mercado marginalista, que no permite aprovechar los menores costes de generación de electricidad con energías más baratas.
A día de hoy, pese a que los costes de generación de energías renovables o centrales más amortizadas como las nucleares o hidroeléctricas sean más bajos, el precio de mercado acaba situándose en la tecnología más cara.
Cómo es la bajada del IVA
En el caso concreto del IVA, se aplicará una bajada al 10% hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios (kW), siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por megavatio hora (MWh).
El Gobierno subraya que esta potencia cubre "a la práctica totalidad de los hogares españoles", ya que la potencia media es de 4,1 kW, y al 72,5% de los contratos de empresa y negocio (no domésticos) tienen también esta potencia inferior, aunque en este caso el IVA tiene un efecto neutro pero alivia tensiones de tesorería en estos meses de recuperación.
También se aplicará un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos -unos 612.000 hogares perceptores del bono social- hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado.
Esta decisión de rebajar el IVA de la luz, que se remitirá a Bruselas "para que no haya ningún problema", dijo Montero - que en su día justificó su no bajada porque Europa no lo permitía-, se mantendrá hasta finales de este año y, posteriormente, será revisada para decidir si es necesaria su continuidad. A este respecto, la titular de Hacienda subrayó que la medida es "temporal" y se procederá a esa reevaluación a finales de año de acuerdo con la situación del precio de la electricidad, recordando que España ya está advertida por Bruselas de hacer "un uso abusivo" del IVA reducido y superreducido de manera global. "Por eso hay que abordarlo con cautela", dijo.
La bajada del IVA va a suponer un ahorro de 857,5 millones de euros, de los que 566 millones de euros repercutirán este año y el resto en 2022, ya que existe un decalaje en la factura de la luz.
En lo que se refiere a la suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de producción de energía eléctrica, que ya en 2018 se decidió su paralización temporal durante seis meses para contener otra ola alcista en el precio de la luz, tendrá vigencia durante el tercer trimestre de este año.
Desde finales de 2020 y, especialmente, desde marzo de 2021, el aumento de las cotizaciones del gas natural en los mercados internacionales y de las cotizaciones de CO2 en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (ETS en inglés) ha provocado un indeseado incremento del precio de la electricidad, que ha registrado un precio medio en el mercado mayorista de 67,12 euros por megavatio hora (MWh) en mayo y superior a 80 euros por MWh en lo que va de junio, un precio muy superior a los 34 euros por MWh registrados el año pasado.
La suspensión del impuesto implicará una reducción de la recaudación de unos 400 millones de euros. Sin embargo, ello no afectará al déficit público porque la caída de los ingresos lleva aparejada una menor transferencia desde el presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta medida, dirigida más a abaratar la factura de la industria, supondrá una rebaja en el recibo de en torno a un 5-6%, estimó Montero, que añadió que se complementará con 100 millones adicionales de ayuda para el sector electrointensivo.
Junto a estas medidas fiscales, el Gobierno trabaja en otras actuaciones para abaratar el recibo de la luz en esta etapa de transición. Así, el pasado 1 de junio inició la tramitación del anteproyecto de Ley para repartir entre todos los consumidores el dividendo que reciben las centrales no emisoras de carbono por el coste del CO2 en el ETS y reducir la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria. Ese mismo día, el Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que financiará costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos y que prevé que permitirá una reducción de la factura de un 13% para los consumidores domésticos cuando se implante en su totalidad.
El Ejecutivo en un comunicado ha explicado que de la reducción del IVA de la luz se beneficiarán "los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas".
La rebaja, en términos generales, afectará a todos los consumidores que tengan contratada una potencia de hasta 10 kW y siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista esté por encima de los 45 euros por MWh.
Lo general es que todos los hogares cumplan estos requisitos. La mayoría de ellos tienen una potencia media de entre los 3,45 y los 4,6 kW y en los primeros 15 días de junio el precio de la electricidad del mercado mayorista ha alcanzado los 81,50 euros por MWh, casi el doble de lo fijado por el Gobierno.
Además, sin condiciones, todos los consumidores considerados vulnerables severos pagarán un 10% de IVA, con independencia de la potencia contratada o el precio de mercado. En este grupo entrarían, las personas cuya renta anual sea igual o menor a un 50% de los umbrales establecidos para ser considerado consumidor vulnerable. Dentro de este grupo de consumidores vulnerables severos están las familias numerosas con una renta anual igual o menor a dos veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, unos 15.817 euros.
También entran en esta consideración de vulnerabilidad las familias cuyos miembros reciban la pensión mínima del Sistema de la Seguridad Social —por jubilación o por incapacidad permanente.
La bajada del IVA del 21% al 10% se mantendrá hasta final de año desde que se apruebe este jueves en el Consejo de Ministros Extraordinario. Sin embargo, la otra bajada de tasas, la del 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica solo será efectiva entre octubre y diciembre.
Desde Moncloa admiten que desde enero pasado "los precios crecientes en el mercado eléctrico en el contexto de la crisis provocada por la covid" han exigido "la adopción de medidas urgentes". Por eso, argumenta el Ejecutivo, la bajada se ciñe solo a lo que queda de 2021.