El Ejecutivo comunitario considera que el plan se ajusta a las reglas de la UE sobre ayudas públicas a la banca porque garantiza la viabilidad a largo plazo del Banco Comercial Português sin más subvenciones, obliga al propio banco y a sus propietarios a contribuir a los costes de la reestructuración y minimiza las distorsiones de competencia.
La reestructuración es la contrapartida exigida por Bruselas a la inyección de capital de 1.500 millones de euros que la entidad recibió en junio de 2012 en forma de títulos híbridos con fondos del rescate que la UE ha concedido a Portugal.