Ésta es una de las medidas recogidas en el informe que los nacionalistas catalanes han presentado este martes ante la subcomisión, con el ánimo de que sean incluidas en las recomendaciones finales que el Congreso envíe al Gobierno.
Para CiU hace falta tomar medidas preventivas para evitar que se repitan casos como el de la comercialización fraudulenta de las participaciones preferentes, por lo que cree que el Banco de España --en colaboración con la CNMV-- debería implantar un proceso de "validación y etiquetado de productos" que permita a los clientes seleccionar los adecuados para sus características y comparar productos y entidades.
MÁS COMPETENCIAS PARA LA CNMV
Además, CiU también reclama que la CNMV analice el grado de cumplimiento de la normativa vigente sobre las exigencias europeas relativas al asesoramiento financiero y que presente un informe al respecto; así como que apruebe unos modelos de contrato marco para las relaciones entre inversores minoristas y sociedades de inversión, donde se "distinga claramente" entre asesoramiento y mediación.
CiU pide también que la Comisión que preside Elvira Rodríguez redacte un código de conducta vinculante para las entidades financieras y sociedades de inversión donde se recojan los derechos de los minoristas y los compromisos de las entidades, y plantea que se le de más independencia y competencias "claras" para poder adoptar medidas cautelares e imponer acuerdos a las partes sin tener que acudir a la Justicia.
En cuanto a las medidas para solucionar los problemas a los ya afectados por una mala comercialización de productos financieros, los nacionalistas catalanes insisten en que se debe regular un arbitraje "universal y al alcance de todos los ahorradores", previendo que dicha intermediación la puedan llevar a cabo la CNMV u organismos autonómicos de consumo. En cualquier caso, cree que se debe eximir a los afectados que acudan a la vía judicial del pago de tasas.
OTROS TEMAS
En relación con las hipotecas, CiU pide que no puedan superar el 90% del valor de tasación y, en ningún caso, el 100% del precio escriturado, y también que se dé más libertad para buscar y suscribir seguros alternativos cuando sean obligatorios para suscribir un crédito al consumidor, sin que eso suponga un empeoramiento de las condiciones del préstamo.
También exige que se declaren nulas las cláusulas suelo abusivas, tal y como ha sentenciado el Tribunal Supremo, y pide al Gobierno que presente una Ley de medidas contra el Sobreendeudamiento personal y familiar y una reforma de la Ley Concursal de tal modo que las personas físicas puedan declararse en quiebra de modo similar a como hacen las empresas.