En las iniciativas, que recoge Europa Press, ambas formaciones parlamentarias recuerdan que el servicio de salvamento y extinción de incendios es "obligatorio" por la normativa internacional, y que actualmente lo prestan en España unos 1.500 efectivos repartidos por todos los aeropuertos.
Estos trabajadores públicos "cuentan con medios muy especializados para incendios de gran magnitud", lo que hace que sean el único cuerpo del Estado capaz de afrontar grandes catástrofes que puedan producirse. Además, en sus condiciones de trabajo se reconoce que tienen "deber de sacrificio, de socorro y de intervenir en caso de emergencia aunque exista riesgo para su propia vida".
PRIVATIZACIÓN DE AENA
Sin embargo, la privatización de Aena a partir del año 2010 --criticada por diversos motivos desde varios ámbitos de la sociedad-- conlleva el traspaso a la nueva sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S.A. de la mayor parte del personal, servicios, bienes, derechos y contratos del ente público.
Esto incluiría también a los bomberos de los aeropuertos, lo que para CiU es una decisión "discutible" porque "implicaría cambios en el régimen jurídico de los trabajadores, dejándoles fuera del ámbito de la protección civil, exigiéndoles una responsabilidad civil directa y no de forma subsidiaria de la administración como hasta ahora, lo que podría limitar su capacidad de actuación".
Para el BNG, esta posibilidad es "especialmente preocupante" ya que "afectaría negativamente a la seguridad de los aeropuertos, que se debe preservar por encima de cuestiones de índole comercial" como las que, a su juicio, han motivado la creación de la nueva empresa.
Por ello, ambas formaciones defienden que el servicio de salvamento y extinción de incendios debería "retornarse" al ente público Aena, con independencia de la necesidad de coordinación que pueda articularse con las actividades de Aena Aeropuertos, S.A.