Según ha informado este miércoles el organismo, el incumplimiento de esta obligación supone una infracción "muy grave" de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que puede conllevar sanciones desde 500.001 euros hasta un millón de euros.
Esta norma obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas, como películas para cine y televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.
La Ley establece que el 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España.
La CNMC recuerda que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Desde ahora, el organismo contará con un plazo máximo de seis meses para instruir el expediente y dictar una resolución. Las empresas afectadas disponen de un plazo de 15 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas.