Según la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, esta ley pretende actualizar la normativa de calidad alimentaria, vigente desde 1983, incorporando la abundante legislación comunitaria en la materia y estableciendo un marco inspector y sancionador común en todo el país para garantizar la unidad de mercado y evitar diferencias entre unas comunidades y otras.
Unos cambios que, según ha dicho Tejerina, permitirá potenciar el desarrollo del sector a la vez que se incrementa la cooperación y coordinación con los gobiernos autonómicos, garantizando un tratamiento homogéneo a los operadores en todo el país.
VULNERACIÓN DE COMPETENCIAS.
Sin embargo, los partidos de la oposición acusan al Ejecutivo de volver a invadir competencias autonómicas con ánimo de recentralizarlas y homogeneizar la legislación en todo el país. Además, temen que la aplicación del principio de unidad de mercado vaya a provocar un 'dumping' normativo al poder acogerse los operadores a la regulación de cualquier comunidad en todo el país.
Por estos argumentos, entre otros, los nacionalistas de CiU y PNV y los independentistas de Esquerra han presentado sendas enmiendas de totalidad al proyecto de ley, que han contado con el respaldo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Amaiur, el Bloque Nacionalista Galego (BNG), entre otras formaciones de la oposición.
Sin embargo, tanto el PP como UPyD han votado en contra de los vetos, mientras que el PSOE ha optado por la abstención pese a rechazar el proyecto de ley, a la espera de poder introducir mejoras durante su tramitación parlamentaria, que continuará con la presentación de las enmiendas parciales este mismo jueves y el debate y aprobación en la Comisión de Agricultura la próxima semana, antes de enviar la norma al Senado.