El estudio, elaborado por un equipo de colaboradores del IESE, concluye que las reformas paramétricas propuestas en 2011 no son suficientes para solucionar los problemas detectados en el sistema de reparto, por lo que no garantizan su sostenibilidad en el largo plazo.
Asimismo, asegura que la reducción de los plazos de aplicación de la reforma, la profundización en las reformas paramétricas, el mayor retraso de la edad de jubilación y el incremento hasta 40 del número de años que se tienen en cuenta para calcular la base reguladora, harían el sistema más sostenible en el medio plazo, pero no garantizarían su supervivencia.
Para resolver este problema, propone acometer una reforma de mayor calado del sistema, sustituyéndolo por otro de aportación definida, completamente contributivo, con cuentas nocionales y un tipo de cotización reducido y destopado.
Además, el sistema realizaría ajustes actuariales automáticos en las pensiones según la edad de jubilación y la esperanza de vida, tendría una edad de jubilación flexible y un factor de sostenibilidad que sirviera para actualizar las cotizaciones y revalorizar las pensiones, y garantizaría la viabilidad financiera permanente del sistema.
Este nuevo sistema de reparto, similar a los que funcionan en varios países del Norte de Europa, debería complementarse con planes capitalizados obligatorios o casi obligatorios, que podrían ser ocupacionales o personales y que deberían aportar aproximadamente la mitad de las rentas para la jubilación.
La pensión resultante podría, en cualquier caso, complementarse con una pensión privada voluntaria. Además, el sistema contaría con unas pensiones mínimas enfocadas que dependieran de la renta y del patrimonio de sus perceptores y que garantizarían una renta mínima para los mayores independiente de sus historiales de cotización.