"El Gobierno catalán tiene el compromiso de que este impuesto irá adelante con una ley 'ad hoc'", ha sostenido el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Santi Vila, que ha precisado que esta tasa se dirigirá exclusivamente a las entidades financieras.
Ha incidido en que este nuevo gravamen no tiene vocación recaudatoria, sino que persigue el objetivo de estimular el mercado del alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada de vivienda.
Vila anunció en abril la creación de esta nueva tasa, y sostuvo que este impuesto sólo repercutirá en las viviendas que lleven más de dos años desocupadas, y no afectará en ningún caso a los particulares.
Cataluña cuenta con 80.000 pisos nuevos no públicos vacíos --muy pocos en Barcelona--, y Vila señaló entonces que para estimular el alquiler los bancos deberán abonar una tasa proporcional al número de viviendas que tengan cerradas, de forma que cuando acrediten que se ponen en circulación se les abonará el impuesto.