El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye así una reforma de la Ley Concursal que pretende dar más seguridad jurídica a las refinanciaciones de deuda de empresas para apoyar a las que son viables y evitar concursos de acreedores innecesarios.
Esta reforma también prevé agilizar los trámites de los despidos para que los trabajadores de empresas afectadas por un concurso de acreedores cobren más rápido.
El nuevo conjunto de medidas incluye alivios fiscales para las empresas, como la reducción del 7 al 5 por ciento del interés de demora -el que se aplica a la liquidación de deudas entre Hacienda y los contribuyentes-, así como el mantenimiento indefinido de las deducciones por inversiones en I+D+i, para animar a las compañías a apostar a medio plazo por la investigación a pesar de la crisis.
La reducción de los intereses de demora supondrá un ahorro del 28,5 por ciento respecto a las tasas que actualmente los ciudadanos y empresas tienen que pagar en sus retrasos con el fisco, es decir, que para una deuda de 1.000 euros, los intereses se reducen de 52,5 a 37,5 euros.
Tras explicar estas medidas fiscales, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, recordó una vez más que el Estado no tiene margen para aprobar nuevas rebajas de impuestos, si bien aclaró que eso no significa que el Ejecutivo no tenga intención de hacer "muchas más cosas para afrontar la crisis".
El paquete también incluye la cobertura por parte del Estado de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que esos incumplimientos ocasionan a las aseguradoras de crédito, con el objetivo de facilitar operaciones comerciales por importe de hasta 40.000 millones de euros.
Además, el Real Decreto Ley aprobado reforma en una pequeña parte la norma del mismo rango aprobada anteriormente, para hacer más atractivas a los inversores las emisiones de las entidades financieras avaladas por el Estado, que tendrán la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating.
Aunque todas estas medidas se han impulsado para resolver problemas a corto plazo, Solbes destacó también la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que sienta las bases para trasponer la Directiva europea de servicios.
Con esta "Ley Paraguas", que se remite hoy a las Cortes para su debate parlamentario, se inicia un proceso por el que se deberán reformar 7.000 normas de todas las administraciones, entre ellas 46 leyes estatales que se modificarán mediante otro proyecto de ley que hoy estudió el Consejo, la denominada "Ley Omnibus".
Solbes insistió en que la transposición de la Directiva de servicios es la reforma estructural más importante de esta legislatura que ayudará a liberalizar el sector con más peso en la economía española -el 66 por ciento del PIB- y con el que el Gobierno espera que se creen en tres años hasta 200.000 puestos de trabajo y el crecimiento aumente en 1,2 puntos.
El principal objetivo de la ley es el de reducir las trabas administrativas y facilitar en la medida de lo posible la apertura de un negocio en el sector.
Una de las novedades de este proceso son los cambios que tendrán que acometer los colegios profesionales, que deberán abaratar sus cuotas de inscripción y eliminar numerosas restricciones, como las que impiden el ejercicio conjunto o simultáneo de dos profesiones, las que sugieren fijaciones de precios o las que prohíben la publicidad de los servicios que se prestan.