La reforma que llevará el ministro de Economía, Luis de Guindos, al Consejo de Ministros, con la esperanza de que sea la "definitiva", actuará en una doble vía: por un lado exigirá a la banca provisiones adicionales a las fijadas por ley en febrero por cuantía de 52.000 millones para cubrir el riesgo del 'ladrillo', lo que impactará en la cuenta de resultados de las entidades, y, por otro, creará los vehículos para segregar los activos inmobiliarios tóxicos.
A falta de que se cierren definitivamente los detalles, está previsto que el Gobierno exija al sector financiero que eleve la cobertura de los créditos inmobiliarios saneados desde el 7% a en torno el 30%, lo que arroja un nuevo esfuerzo por importe de más de 20.000 millones de euros, y añade aún más presión a las cuentas de resultados de las entidades.
Esta nueva vuelta de tuerca al sector en previsión de un deterioro futuro de la cartera crediticia vinculada al sector inmobiliario que aún está al corriente de pago se perfila como un claro incentivo a las integraciones, ya que estas operaciones permitirían a las entidades disfrutar de un plazo de dos años, en vez de uno, para cumplir con las exigencias de saneamiento y cargarlas contra patrimonio en vez de contra resultados.
Adelantar aportaciones
Por otro lado, el Gobierno exigirá a la banca una derrama que consistirá en adelantar las aportaciones anuales al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) correspondientes a ocho ejercicios, lo que eleva el importe global a entre 18.000 y 20.000 millones de euros.
El FGD cuenta en la actualidad con menos de 2.000 millones de euros, cantidad insuficiente para afrontar las subastas de las entidades intervenidas pendientes: Banco de Valencia, Catalunya Caixa, y previsiblemente, Novacaixagalicia, si no encuentra inversores privados que sustituyan la presencia del Estado en su capital.
El objetivo fundacional de este fondo es garantizar los ahorros de los depositantes, pero el anterior Ejecutivo socialista amplió su función para minimizar el coste para el contribuyente de las integraciones inscritas en la reordenación del sistema financiero español en aras de reducir su capacidad y aumentar su solvencia.
En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias, tal y como ha establecido por norma el Gobierno.