El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha cifrado este miércoles en 16.000 los lanzamientos por ejecuciones hipotecarias que se han paralizado gracias a la moratoria de dos años --prorrogada por otros dos-- puesta en marcha por el Gobierno, 2.000 más de los que hace apenas una semana aseguró que se habían producido.
Durante una interpelación sobre ejecuciones hipotecarias planteada por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) durante el Pleno del Congreso, el titular de Economía ha asegurado que unas 40.000 familias se han visto beneficiadas por las políticas del Gobierno desde el inicio de la legislatura.
En concreto, hasta 21.000 familias se han acogido al Código de Buenas Prácticas Bancarias (16.300 con reestructuraciones de deuda y 4.500 con daciones en pago), unas 3.000 han optado a alquileres del Fondo Social de Vivienda y hasta 16.000 han visto paralizado su lanzamiento gracias a la moratoria de dos años en los desahucios, que ha sido ampliado por otros dos ejercicios.
Sin embargo, en la sesión de control al Gobierno de hace una semana, el ministro respondía a una pregunta del PSOE sobre este mismo asunto afirmando que 36.600 familias se han beneficiado de las medidas del Ejecutivo, precisando que se han firmado unos 2.000 alquileres sociales y se habían paralizado 14.000 desalojos. Los datos de reestructuraciones bancarias y daciones en pago eran los mismos que los aportados hoy.
LA CULPA ES DEL PSOE
A renglón seguido, De Guindos ha reiterado que el actual Ejecutivo "se encontró encima de la mesa" al inicio de la legislatura este problema, que es la "consecuencia más dramática" de la crisis y del estallido de una burbuja inmobiliaria que fue "cebada" entre 2003 y 2008, cuando gobernaba el PSOE.
"E inmediatamente tomamos medidas para los colectivos más vulnerables, que empezaron a tener problemas por la destrucción de empleo. Hemos sido los primeros y los únicos que, desde la Administración central, hemos tomado medidas. A lo mejor debería haberse hecho algo más en relación con la burbuja inmobiliaria y las condiciones de las hipotecas para establecer medidas macroprudenciales, pero no se hizo", ha apostillado.
A esta inacción del Gobierno socialista De Guindos ha contrapuesto la "actuación doble" del actual equipo, con propuestas para ayudar a los colectivos más vulnerables como el Código de Buenas Practicas, la moratoria a los lanzamientos o el Fondo Social de Vivienda; y la modificación del mercado inmobiliario y de la normativa "a futuro" para que "no vuelvan a producirse los errores que dieron lugar a esta situación".
"Pero sin duda el principal remedio (al problema) es el crecimiento económico, y las noticias que vamos a tener sin duda van a ser positivas", ha añadido el titular de Economía, que poco antes había avanzado un crecimiento del PIB durante el primer semestre del año cercano al 4%, confiando así en que ese dato, junto con la creación de 600.000 empleos este ejercicio permitirá "dar la vuelta" a la situación.
CONOCER LA SITUACIÓN REAL
De Guindos ha abogado asimismo por "conocer la situación real" de los desahucios, y ha utilizado datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que apuntan a que sólo en el 0,05% de los 18 millones de viviendas familiares de España se inició un proceso de ejecución hipotecaria durante el primer trimestre de 2015, de las cuales el 28% son viviendas habituales de personas físicas, un 7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, en el 60% de los casos las hipotecas se constituyeron entre 2005 y 2008.
Asimismo, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) las ejecuciones hipotecarias se han reducido un 17% y, según el Banco de España, la tasa de mora en las hipotecas individuales es inferior al 6%. Frente a todo eso, hasta el 80% de las viviendas en nuestro país están en régimen de propiedad, un porcentaje casi quince puntos superior a la media comunitaria.
Sin embargo, el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto se ha remitido a un reciente informe de Amnistía Internacional (AI), según el cual "existe un absoluto desajuste y una falta de cumplimiento del derecho a la vivienda recogido en la Constitución y la realidad", y además ha criticado la falta de estadísticas "reales y desagregadas" sobre lo que pasa en el conjunto del país.
Igualmente, echa en falta una evaluación del impacto de las políticas aprobadas por las diferentes administraciones públicas, que a su juicio han ido más encaminadas a "salvar a las instituciones financieras" que a los ciudadanos, y reclama un cambio en la "raquítica" política de vivienda social, que ha sido "recortada sistemáticamente" de forma "no comprensible ni justificable".
PROPUESTA ALTERNATIVA
Así, aun reconociendo las medidas puestas en marcha por el actual Ejecutivo, Sixto cree que son "claramente insuficientes" para abordar una "tragedia social" de las dimensiones de este problema, sobre todo por sus condiciones "muy restrictivas" y por la "falta de tutela judicial y de las administraciones públicas".
"Dice que tenemos que fiar todas nuestras esperanzas a la recuperación económica, que no negamos pero que, de momento, es manifiestamente desigual socialmente. Cada vez hay un mayor número de ricos y cada vez son más ricos, pero aún hay un número mucho mayor de personas más pobres y sin recursos, y ya ni tener trabajo equivale a salir del umbral de la pobreza. Ésa es la tragedia de la recuperación que el Gobierno trata de vender", ha dicho.
Por eso, reclama que "además de recuperar el crecimiento" se "atienda la tragedia del día a día", y para ello propone algunas ideas, que recogerá en la moción que se debatirá dentro de dos semanas.
Entre otras, IU-ICV sugiere reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los jueces puedan valorar la situación de las familias antes de autorizar el desahucio, garantizar recursos jurídicos para que los afectados puedan defenderse en igualdad de condiciones, crear un mecanismo legal de supervisión de las negociaciones o ampliar los requisitos del Código de Buenas Prácticas.
Asimismo, el diputado valenciano cree que hace falta que el Ejecutivo se comprometa a presentar una normativa que "desarrolle el derecho constitucional a la vivienda en España, regulando ese derecho para que cualquier ciudadano, cuando sienta que se ha violado ese derecho, pueda acudir a los tribunales".
Finalmente, Sixto ha recordado al ministro de Economía que "para que la situación actual se haya producido ha hecho falta que el PP adoptara unas medidas en sus dos legislaturas (1996-2004) y que el PSOE no adoptase otras de corrección en las dos siguientes (2004-2011)". "Todo el mundo tiene sus responsabilidades", ha zanjado.