Durante su participación en el Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, Platero ha explicado el nuevo modelo de contratación pública que resultará de las leyes que van a transponer el paquete de Directivas comunitarias publicadas el pasado año.
A su parecer, la normativa debe servir para conseguir una Administración "más moderna" y, al mismo tiempo, para favorecer el crecimiento reduciendo las cargas administrativas, agilizando al máximo los procedimientos y eliminando trabas para que las empresas acudan a las licitaciones.
Por ese motivo, se generalizan las llamadas declaraciones responsables tanto para contratos nacionales como comunitarios, sin necesidad de que el empresario aporte documentación justificativa hasta la adjudicación del contrato. También se impulsa el uso de medios electrónicos.
De hecho, en la plataforma de contratación del sector público ya se pueden usar medios electrónicos en varias fases del procedimiento. Además, incorpora ya otros servicios de gran utilidad para las empresas españolas, como el acceso a la información sobre los más de 5.000 anuncios de contratos de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo y otros países que cada semana se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Por otro lado, Platero ha destacado la necesidad de fomentar la participación de las pymes, con incentivos para que los contratos se dividan en lotes o la posibilidad de que se tenga en cuenta como criterio de adjudicación el período medio con el que el contratista paga a sus proveedores.
En materia de publicidad y transparencia, ha subrayado la limitación de los supuestos de utilización del denominado "procedimiento negociado sin publicidad" y la creación del "procedimiento abierto simplificado", con duración también muy breve pero más transparente, con publicación en internet y con criterios de adjudicación prácticamente automáticos.
Además, ha recordado que se amplía el ámbito subjetivo de la Ley, que se aplicará a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales cuando su financiación sea mayoritariamente pública.
Por último, la Subsecretaria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha destacado la necesidad de que los anteproyectos de leyes en tramitación tengan un alto grado de difusión y análisis por parte de entidades y asociaciones públicas y privadas, con objeto de garantizar el mayor nivel posible de consenso y de calidad técnica y jurídica de las normas.