Un 27% de las 320.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital que la Seguridad Social ha procesado hasta septiembre, es decir, un total de 86.152, han sido denegadas. En su mayoría, por no cumplir requisitos de renta y patrimonio
Así lo constatan los datos aportados este miércoles por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde ha precisado que en total han recibido casi 1 millón de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV), algo que ha calificado como “una avalancha” que está “por encima de sus expectativas”.
De todas ellas se han procesado ya las citadas 320.000, siendo ya un total de 90.800 hogares los que reciben la prestación, es decir, el 28%, mientras un 45% (141.995) están pendientes de subsanación.
Según el Gobierno, el objetivo que esperan poder lograr es que este mes de octubre, gracias a las modificaciones introducidas para agilizar la concesión de la prestación, pasen de 90.800 a 135.000 hogares beneficiarios del IMV, dando un “salto mayor” en noviembre, superando los 200.000.
De este modo, Escrivá prevé que a finales de año se llegue a cifras cercanas al objetivo final, si bien ha apuntado que en un principio estimaron que 850.000 hogares deberían recibir el IMV y esa cifra “es posible que fuera demasiado optimista”. No obstante, ha insistido que "por el momento" están "razonablemente satisfechos" sobre cómo está funcionando el proceso en plena crisis por el coronavirus.
"Mi impresión es que en estos momentos, dado que el porcentaje pendiente de subsanación está en torno al 28%, y que el porcentaje que terminan siendo positivas es significativo, lo lógico es que estemos aproximadamente con un 50% al menos de aprobadas y un 50% de denegadas, en gran medida por no cumplir requisitos de distinta naturaleza, pero muchos de renta y patrimonio", ha puntualizado el ministro.
Si llegan a final de año a unos 550.000 hogares, les faltarían todavía unos 300.000 para alcanzar la cifra de 850.000 inicialmente prevista. Por ello, en la segunda fase que surgirá a partir de la evaluación de enero van a estudiar nuevos canales con ayuntamientos, ONG y trabajadores sociales.