Según Lara, es "incomprensible para la mayoría" de los españoles que el Gobierno español haya avalado "operaciones de empresas españolas en el exterior con licitaciones presumiblemente a la baja, con bajas presumiblemente temerarias", sobre todo cuando contaba con "informes negativos" sobre la conveniencia de conceder esas garantías.
"No lo entendemos la inmensa mayoría de ciudadanos y por eso queremos que comparezca el Gobierno y Cesce para dar muchísimas explicaciones", ha señalado en rueda de prensa el diputado, que quiere "luz y taquígrafos" sobre este tema, por lo cual su grupo también solicitará información de todos los avales concedidos por el Cesce "en situaciones similares o parecidas" y cuyas consecuencias hayan acabado pagando los contribuyentes.
RESULTADO POSITIVO
En cualquier caso, Lara espera que el conflicto entre Sacyr y el Gobierno panameño se salde con "un resultado positivo" para frenar el "deterioro" de la 'Marca España' en el exterior y para evitar que "tenga que ser el Estado español, todos los ciudadanos, los que hagan frente al aval" público porque "el asunto se ha torcido". Según sus cálculos, si la operación no sale adelante los españoles deberían sufragar unos "150 o 160 millones de euros".
No obstante, reconoce mantener una "duda razonable" sobre las posibilidades reales de que la situación se solucione dadas las cuantías reclamadas por la constructora (unos 1.200 millones de euros), equivalente prácticamente al 50% del precio de adjudicación, derivados según Sacyr de sobrecostes derivados de circunstancias "sobrevenidas e imprevisibles".
"Esperemos un resultado positivo, aunque tenemos una duda razonable porque parece que la baja era tan temeraria que lo que está reclamando la empresa española es el 50% de lo que fue el monto de adjudicación. Parece que Sacyr compitió a la baja en cifras astronómicas con empresas americanas y también alguna empresa conocida española, y a la baja también de los presupuestos que tenía la autoridad del Canal de Panamá", ha explicado Lara.
Además, el líder de IU "confía" en que las constructoras españolas aprendan de esta experiencia y "no sigan exportando las prácticas de riesgo que han venido aplicando" en España y que han sido responsables de "una parte del desastre económico que está en las cuentas públicas y en la economía".
Por último, el presidente de la Izquierda Plural ha recriminado al Ejecutivo la "agilidad" que ha tenido para hacer frente a los problemas de Sacyr e intentar desbloquear la situación cuando "no se ve esa misma agilidad" para arreglar las dificultades que atraviesan muchos pequeños empresarios y trabajadores. "Hay menos disposición del Gobierno a remangarse (por los españoles) de la buena disposición de la que, comparativamente, se le ha visto de manera inmediata con esta multinacional", ha concluido.