Fuentes de la Junta han indicado a Europa Press que el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha rechazado los argumentos expuestos por Beteta para justificar el "incumplimiento" por parte del Gobierno central de la Disposición Adicional Tercera (DAT) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que determina la inversión que el Estado ha de destinar a Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado durante siete años en función de su peso poblacional en el conjunto del país.
La Junta explica que la misiva del secretario de Estado, recibida en la Consejería el pasado 25 de junio, se produce en respuesta a otra carta del consejero Ávila del pasado 5 de junio en la que le instaba a "cumplir el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado del 16 de septiembre de 2011, cuando se fijaron las desviaciones definitivas observadas en la ejecución de inversiones del Estado en los ejercicios de 2008 y 2009".
Agrega que esa cifra "negociada, reconocida y acordada", fueron 1.504,54 millones de euros.
En su respuesta por carta al consejero, Antonio Beteta asegura que dicha Comisión Bilateral "carece de competencias en materia de inversiones", extremo que la Junta rechaza basándose en lo previsto en el artículo 220 apartado e) y apartado i) del Estatuto de Autonomía de Andalucía, así como en los artículos 1 y 7 apartado c) del Reglamento interno y de funcionamiento de dicha Comisión.
En concreto, el artículo 220 apartado i) recoge que se abordarán "las cuestiones de interés común que establezcan las leyes o que planteen las partes". Además, el apartado e) del Estatuto establece que la Comisión Bilateral se encarga de "la evaluación del funcionamiento de los mecanismos de colaboración que se hayan establecido entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía y la propuesta de las medidas que permitan mejorarlo".
Por tanto, el Gobierno andaluz defiende que la Comisión Bilateral "sí que es competente en la materia, como quedó de manifiesto el 16 de septiembre de 2011, cuando se aprobó la metodología de trabajo con la que, con posterioridad, la Intervención General del Estado calculó las cantidades adeudadas para los años 2008 y 2009 y las cifró en 1.504 millones de euros". Esta cantidad fue comunicada por el Gobierno y aceptada por Andalucía el pasado 14 de octubre.
Asimismo, la Junta indica que el secretario de Estado "ciñe este asunto a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma" que, según subraya, "no ha sido constituida", frente a lo que el Gobierno andaluz asevera que dicha comisión "no sólo se ha constituido sino que ha mantenido ya cinco reuniones --7 de mayo de 2007, 10 de junio de 2008, 19 de septiembre de 2008, 26 de noviembre de 2009 y 21 de diciembre de 2009--, indistintamente de que la DAT ha sido objeto de atención en la Comisión Bilateral".
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
Para la Junta de Andalucía, resulta "inadmisible" el reconocimiento que hace el secretario de Estado de que "se han distribuido los recursos estatales disponibles para inversiones de acuerdo con criterios distintos del recogido en la Disposición Adicional Tercera", toda vez que se trata de "una Ley Orgánica del Estado, como es el Estatuto de Autonomía de Andalucía".
Argumenta el Secretario de Estado que el reparto de los fondos del Estado va "encaminado a la satisfacción del principio de solidaridad, como avala el Tribunal Constitucional".
La Junta entiende, no obstante, que el Estado "difícilmente atiende al principio de solidaridad constitucional con los 1.851 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 si supone sólo el 14,6 por ciento del total y no el 17,8 por ciento, en función del peso poblacional de Andalucía en España".
Por ello, lamenta que el secretario de Estado "ignora en su respuesta la solicitud que le hizo el consejero sobre las cifras de ejecución de inversiones correspondientes a 2010 para, en su caso, articular el mecanismo de compensación acordado".
Asimismo, el consejero reclamó que, en función de la metodología aprobada, antes del 30 de junio de 2012, el Ministerio de Hacienda facilitase los importes de la inversión total realmente ejecutada por el Estado en 2011, distinguiendo la territorializada y especificando la ejecutada en Andalucía, ya que "el objetivo era que, en el mes de junio, la Junta dispusiese de una cuantificación de las desviaciones para el periodo 2008-2011".