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El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles de forma definitiva la ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Estas son algunas de sus principales medidas.
El Pleno del Congreso ha debatido y aprobado las enmiendas que había introducido el Senado en el texto, pero no la bajada del IVA de las peluquerías -aprobada por la Cámara Alta pero después anulada por su presidenta, Pilar Llop-, que ha resultado ser uno de los elementos más polémicos de la ley.
La ley ha estado rodeada de polémica hasta el punto de que dos partidos han intentado paralizar su debate: el PP para esperar a que se resuelva su reclamación sobre la anulación de la bajada del IVA de las peluquerías, algo rechazado por la Mesa, y Coalición Canaria porque entiende que la ley contraviene el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, aunque su escrito ha llegado fuera de plazo, ha aclarado la presidenta del Congreso.
AMNISTÍAS FISCALES. Se prohíben las amnistías fiscales.
EFECTIVO. Se baja el límite de los pagos en efectivo a empresas o profesionales de 2.500 a 1.000 euros.
LISTA MOROSOS. Se baja de un millón a 600.000 euros de deuda con Hacienda el umbral para aparecer en la lista de morosos.
IMPUESTO DE MATRICULACIÓN. Los cambios del impuesto de matriculaciones en vigor desde enero -un ajuste de emisiones que supone, en la práctica, una subida en la mayor parte de los casos- queda en suspenso en lo que queda de año. Es decir, en lo que queda de 2021 se pagará el impuesto en los mismos términos que en 2020, mientras que a partir de 2022 se hará como se aprobó en enero de este año.
CATASTRO. El Catastro fijará un valor de referencia de cada inmueble a partir de todos los datos disponibles -importe de compraventa, estado de conservación, antigüedad, etc.- que será la base imponible de los impuestos de sucesiones y transmisiones patrimoniales.
Este valor de referencia también se utilizará para el cálculo del impuesto de patrimonio, aunque solo para los inmuebles adquiridos a partir de 2022.
SICAV. El beneficioso régimen fiscal de las sociedades de inversión de capital variable (sicav) exigirá que cada uno de los socios tenga acciones por valor de, al menos, 2.500 euros para evitar el recurso a "mariachis" o socios con participaciones irrelevantes para completar el mínimo de 100 socios.
SOCIMI. Se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %.
PACTOS SUCESORIOS. Se suprimen las ventajas fiscales que algunas comunidades autónomas conceden a los pactos sucesorios o herencias en vida si los bienes obtenidos por esta vía se transmiten antes de cinco años.
INSPECCIONES. Se establece que la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial para efectuar entradas en domicilio durante sus inspecciones.
CRIPTOMONEDAS. Se refuerza el control sobre las criptomonedas, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior, así como de las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos.
PARAÍSOS FISCALES. Se amplía el concepto de paraíso fiscal para permitir la inclusión de jurisdicciones no cooperantes.
SOFTWARE DE DOBLE USO. Se prohíbe la producción, tenencia o comercialización de programas o sistemas informáticos de doble uso, que permiten a las empresas ocultar parte de su actividad.
El Senado introdujo en la ley una enmienda para bajar el impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las peluquerías del 21 % al 10 % con el apoyo de todos los grupos salvo el socialista, aunque la votación fue anulada posteriormente por Llop, al considerar que la enmienda no era congruente con la propuesta en la que se basaba, tal y como habían reclamado tanto el Gobierno como el PSOE.
El recurso a este inusual procedimiento ha centrado buena parte del debate. Desde el PP, Javier Bas ha calificado este movimiento de "escándalo mayúsculo" y "burla democrática", ya que la bajada del IVA se aplicaba a partir de 2022 y, por lo tanto, no afectaba al Presupuesto de este año.
Vox ha asegurado que se produjo "un latrocinio legislativo al retirar unilateralmente una enmienda aprobada" mientras que ERC ha cargado contra el "vergonzoso espectáculo" del ataque a la separación de poderes en forma de "cacicada" del Gobierno.
"Han utilizado todos los medios a su mano, incluso cosas que no se han visto nunca", ha acusado Ciudadanos, a lo que PNV ha añadido que se trata de una anulación "extemporánea" que pone en cuestión la seguridad jurídica