En declaraciones a los medios a la entrada de la Junta de Portavoces, el diputado vasco ha dudado de las declaraciones "oficiales u oficiosas" que están realizando algunos miembros del Grupo Popular acerca de que "se han introducido enmiendas del PNV" en el texto refundido que se presentó el viernes.
"Nosotros no consideramos que están reflejadas (nuestras propuestas), no nos vemos representados, y ya veremos qué va dando de sí el desarrollo de la Ponencia y la Comisión pero, desde luego, no tenemos ningún acuerdo con el texto que se ha presentado en estos momentos", ha dicho Esteban.
Además, ha asegurado que los 'populares' "en ningún momento ha contactado" con el PNV ni ha alcanzado "ningún acuerdo" para redactar el texto final que este mismo martes será sometido al debate de Ponencia.
ENMIENDAS DEL PNV
El PNV presentó una única enmienda a la ILP proponiendo nuevos criterios para aplicar la dación en pago retroactiva únicamente a la vivienda habitual si no se ha celebrado aún la subasta, así como en los casos de "especial vulnerabilidad" en los que, iniciado el proceso de subasta, no se debería exigir la ejecución dineraria, sino que el secretario judicial podría dictar decreto dando por extinguida la deuda principal, los intereses y las costas.
Así, se entenderán por casos de especial vulnerabilidad las familias numerosas, las unidades familiares monoparentales con dos hijos, las familias en las que haya al menos un menor de edad, las familias donde haya una víctima de violencia de género y aquéllas en las que el deudor se encuentre en situación de desempleo.
También se contarán entre los posibles beneficiarios de la medida las familias en las que algún miembro tenga declarada una discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad incapacitante permanente; así como las unidades familiares donde convivan uno o más familiares de hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad con discapacidad, dependencia o enfermedad grave que acredite la incapacidad temporal o permanente.
El PNV también propuso cambios en los criterios económicos que delimitan los umbrales de vulnerabilidad. Así, sugieren que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unión familiar no supere el límite de cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) o que en los cuatro años anteriores el peso de la deuda hipotecaria en los ingresos se haya multiplicado al menos por 1,5.
También incluyen entre los supuestos que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos del conjunto de la familia, y que el crédito recaiga sobre la única vivienda en propiedad y fuera concedido para su adquisición.