Durante casi tres cuartos de hora, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado el contenido del decreto y ha desvinculado la decisión de devolver a los empleados públicos un 25% de la paga extraordinaria que les fue suprimida en 2012 de la cercanía de las elecciones generales, alegando que se hace ahora porque la situación económico-financiera lo permite y porque desde un primer momento se dijo que era una medida temporal, a diferencia del recorte del 5% del salario que aprobó el PSOE en 2010.
Unos argumentos que comparte el diputado 'popular' José Alberto Martín-Toledano, para quien este decreto "evidencia que la recuperación económica es un hecho" porque ya se pueden "tomar medidas que antes no se han podido tomar aunque se consideraran justas".
"Y también demuestra que estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para la sociedad independientemente del tiempo que quede de legislatura. Porque llevan diciéndonos un año que como están cerca las elecciones no podemos tomar ninguna medida. ¿Es que duran tres años las legislaturas?", ha añadido, criticando a quienes se oponen al decreto sin aportar "ni una sola razón de peso".
MINISTRO "HIPÓCRITA".
Sin embargo, la portavoz socialista de Administraciones Públicas, Susana Sumelzo, ve "lamentable" que Montoro haga "oposición de la oposición" tras cuatro años en los que no ha corregido lo que el PSOE hizo "tan mal" y que "critica con saña". Y considera que este decreto es un "nuevo ejemplo de autorrectificación" del Gobierno.
"En realidad ha venido a hacer campaña electoral", ha indicado, reprochando también el "récord" en la aprobación de decretos ley durante esta legislatura, pese al "desprestigio y deterioro" que conllevan para la Democracia.
No obstante, el PSOE votará a favor del decreto para que se devuelva la extra a los funcionarios, aunque la diputada ha acusado de "hipocresía" al ministro, que ha usado los mismos argumentos para justificar tanto los recortes de 2012 como su devolución ahora, y que mientras eliminó la extra de forma obligatoria para todas las administraciones ahora sólo la devuelve de forma parcial y potestativa, sin dar medios a las comunidades para que paguen su parte.
Tampoco los diputados de UPyD se opondrán a medidas como devolver la extra a los funcionarios o comprar vehículos militares si son necesarios, "obviamente", tal y como ha dicho su portavoz económico, Rafael Calduch, que ha criticado sin embargo que se vuelva a usar el decreto para "otras finalidades que no son nada urgentes". "Un error más otro error no da una solución", ha recordad.
USO ABUSIVO DEL DECRETO.
Por su parte, el portavoz adjunto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, ha usado el turno en contra de un decreto que considera un "resumen perfecto en negativo" de una legislatura en la que el Gobierno ha hecho un "uso abusivo" de esta herramienta legislativa "con una intensidad y frecuencia que ha roto la regla básica" de la separación de poderes. Por eso, y pese a estar "contentísimos" con la devolución de la extra a los funcionarios, no apoyarán el decreto.
"Mezclan churras con merinas, cosas que es imposible debatir, y mucho menos votar, en un solo acto. Es una burla a la Constitución y a este Congreso", ha criticado, lamentando el "uso torticero" de estas medidas, que a su juicio resultan incluso "insultantes para las víctimas" de los recortes del Gobierno, que no explica por qué devuelve el "esfuerzo" a los funcionarios pero no a los dependientes o a los parados, entre otros.
Además, Coscubiela ha circunscrito la decisión de devolver la paga extra a los funcionarios en la campaña electoral y ha criticado que el Gobierno use algo tan sensible como éste para "repartir limosnas". Con respecto a los créditos presupuestarios, cree que dejan "desnudito" al ministro porque ponen al descubierto sus "trampas presupuestarias", su "trilerismo permanente" y su "improvisación política".
El ministro Montoro le ha acusado entonces de representar a la "izquierda radical" cuya "pena" es que España no haya sido rescatada y que ha mantenido una "oposición destructiva en el peor momento" del país. "Son un lastre para la recuperación económica", ha llegado a decir, defendiendo que las políticas económicas del Gobierno son las que han permitido al país salir de la crisis.
¿Y LAS COMUNIDADES QUÉ?
La convergente Maria Carme Sayós ha expresado su "enérgica queja" por un decreto más de este Gobierno, que espera que el Tribunal Constitucional "revise y anule algún día" en todas las materias que "no sean procedentes". "A ver si el Estado aprende a hacer los deberes bien y abandona las chapuzas legislativas", ha pedido.
Además, ha criticado que Montoro "sólo se ocupe" de la Administración central mientras "deja colgadas" al resto de administraciones, a las que no deja financiarse con cargo a deuda pública ni da recursos financieros para pagar la extra a los funcionarios, que se "recupera en plena campaña electoral y poco a poco" aunque se retiró "de un plumazo".
Por su parte, Martí Barberà (UDC) cree que este decreto "heterogéneo", que "corrige algunas decisiones" previas del Gobierno, es el "ejemplo más claro de que ya se han iniciado las proclamas para la campaña electoral", aunque ve "muy cruel" que el Gobierno "juegue" con quienes "sufren las consecuencias de la crisis y no notan esas proclamas en sus casas".
IMPONER OCURRENCIAS.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha deseado que éste sea "el último" decreto ley de un Gobierno que "abusa de su mayoría absoluta" para "imponer" a la oposición sus "ocurrencias" en lo que considera una "falta de respeto" al Congreso. De hecho, sólo la devolución de la extra a los funcionarios justifica su decisión de no votar en contra del decreto.
Además, ha criticado que se pretenda tomar ciertas medidas "de manera caprichosa" cuando "esas cuestiones se pueden resolver perfectamente a partir del 1 de enero". "Pero prefieren usar la churrera", ha acusado, rechazando que los votos del PNV "encubran" las "deficiencias" del Gobierno o los "impagos" en los que ha incurrido, en lugar de "dotar de crédito suficiente otras partidas más urgentes y prioritarias".
Por ERC, Teresa Jordà ha criticado que "con el dinero de todos" se financie una medida "absolutamente electoralista". "Podían tener la decencia al menos de cargar los intereses de la deuda (con la que se va a pagar esta medida) a los gastos de campaña del PP", ha añadido, reclamando que se devuelvan todos los derechos recortados por las "políticas neoliberales y despilfarradoras" del Gobierno.
Olaia Fernández Davila (BNG) ha acusado a Montoro de estar "empeñado en que la Cámara le haga la ola" por tomar medidas que "un Gobierno serio debería haber tenido en cuenta al hacer los Presupuestos" en lugar de recurrir a un nuevo decreto ley. Además, ha rechazado que votar contra el decreto signifique estar en contra de la devolución de la extra a los funcionarios que, a su juicio, deberían cobrarla con intereses.